Tegucigalpa, Honduras.- La empresa Azucarera del Norte (Azunosa), mediante un comunicado, exigió a los invasores que se han apropiado de tierras que legalmente son utilizadas para la producción, les respeten el derecho a trabajar.
Y es que este jueves, por dictamen de los juzgados de El Progreso, Yoro, la Policía Nacional intentó dar cumplimiento a una orden judicial y proceder al desalojo de los invasores que desde hace meses usurparon las tierras pertenecientes a la empresa.
Sin embargo, ante la presencia policial, los invasores reaccionaron violentamente. Utilizaron machetes y piedras, dejando algunas personas heridas, entre ellas, empleados de Azunosa y policías.
Con sus acciones violentas, las personas que ocupan ilegalmente las tierras han causado daños a la propiedad privada. Es importante resaltar que los invasores no cuentan con un soporte legal para sus reclamos.
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«Las tierras cultivadas de caña de azúcar son de legítima propiedad de Azucarera del Norte, S.A., así lo demuestran los documentos legales con certificados emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), confirmando nuestro cumplimiento legal en cuanto a la tenencia de la tierra. Reafirmamos, estas tierras son propiedad privada para uso productivo», reza el documento de Azunosa.
Durante el desalojo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) tenía conocimiento de las acciones y fue garante del proceso.
20 mil personas afectadas
Por otra parte, Azunosa solicitó a las autoridades gubernamentales antender la situación y garantizar la seguridad jurídica para que las empresas puedan ejercer su derecho libremente.
«La falta de una pronta resolución a este problema pone en riesgo las operaciones de la empresa, lo que podría resultar en la pérdida de 3,000 empleos directos y más de 15,000 empleos indirectos. Además, afectaría el sustento de cerca de 20,000 personas que dependen de estos puestos de trabajo», sostiene el escrito.
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Las invasiones de tierra afectan la economía del país, debido a la pérdida de impuestos municipales y la afectación de una empresa que genera miles de empleos.
«Solicitamos respetuosamente al Gobierno de la República para que se cumpla el respeto a la propiedad privada. Que se fomente la inversión privada y brinde el apoyo para mantener los empleos, beneficios sociales y la generación de riqueza. Al igual que, el bienestar para los trabajadores, sus familias y los habitantes de la zona en general», cierra.