Redacción. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llevó a cabo este lunes una intervención en las instalaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tras recibir múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de bienes incautados por parte de exfuncionarios de la institución.
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, detalló que se están realizando diligencias para verificar la veracidad de las acusaciones presentadas. Explicó que se están investigando a exfuncionarios por irregularidades en el manejo de la administración de la institución. «Han utilizado bienes inmuebles, vehículos, gasolineras, sociedades mercantiles, entre otras cosas, para beneficio propio. También han alquilado algunos bienes y el dinero lo han utilizado para beneficio propio», agregó.
Durante la operación, los agentes procedieron al secuestro de documentación relevante. Galindo señaló que, de identificarse indicios de delitos, se procederá a realizar los correspondientes requerimientos fiscales.
La ATIC, como organismo especializado del Ministerio Público, tiene la misión de investigar y combatir la criminalidad organizada y otros delitos complejos.
Por su lado, la OABI desempeña un papel fundamental en la gestión y disposición de los bienes incautados en Honduras. Su misión principal es administrar, custodiar y vender estos bienes de manera transparente y eficiente.
Problemas
La OABI ha enfrentado desafíos relacionados con la gestión y administración de bienes incautados en Honduras.
En agosto de 2024, el director de la OABI, Marco Zelaya, denunció que exempleados y abogados de la institución estaban involucrados en irregularidades en el manejo de bienes incautados. Estos individuos, en colaboración con profesionales externos, presuntamente cometieron actos ilegales utilizando información obtenida durante su labor en la OABI. Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Público, que abrió líneas de investigación al respecto.
En febrero de 2025, se reportó el asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero. La investigación reveló que Rolando Sánchez Salinas, líder de una estructura criminal que operaba bajo el nombre de «La estructura del abogado Nando», se hacía pasar por representante de la OABI para estafar a personas interesadas en adquirir bienes incautados. Sánchez, junto con su grupo, fue responsable del asesinato del empresario tras un intento fallido de negociación, y posteriormente incineraron su cuerpo.
Marco Zelaya también ha denunciado la existencia de estructuras criminales operando dentro de la OABI, dedicadas a defraudar bienes asegurados. Estas redes utilizan los bienes incautados con fines ilícitos, representando un serio perjuicio para la institución y la sociedad. Zelaya ha instado al Ministerio Público a tomar medidas para desarticular estas redes y sancionar a los responsables.
