Redacción. La Asociación Misquita Afrodescendiente e Indígena se pronunció nuevamente en contra de la construcción de un centro penal en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, y advirtió una posible demanda.
El presidente de la asociación, Modesto Morales, consideró que las autoridades «no quieren escuchar al pueblo» sobre la «amenaza» que representa edificar la cárcel en una zona de riqueza natural.
El dirigente dijo que «el abuso» de las autoridades está atentando contra un patrimonio de reserva natural en el Caribe hondureño.
Además de eso, advirtió que el Gobierno estaría arriesgándose a recibir una demanda por el peligro que representa la construcción en las Islas del Cisne.
«Defendemos nuestras raíces, el medio ambiente, esta es una lucha en la que nos tenemos que agarrar de Dios porque será muy difícil, pero llegaremos hasta donde tendremos que llegar por defender este territorio que nos ha costado», manifestó.
Por último, el presidente de la asociación misquita recordó lo dicho por la presidenta Xiomara Castro en la instalación de III Legislatura del Congreso Nacional, donde aseguró que la construcción de la cárcel busca la «seguridad nacional». «Pero los pueblos indígenas también merecen estar incluidos en esa seguridad nacional», expresó.
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Avances de la «mega cárcel»
Hace una semana, el 19 de enero, autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente informaron que ya iniciaron los primeros estudios para arrancar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne.
Lucky Medina, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, declaró ante medios locales que la construcción sí se llevará a cabo en la zona.
«Vamos a estar compartiendo las apreciaciones y todos los trabajos realizados por los especialistas técnicos que están en terreno», indicó.
«Todo será legal»
De igual manera, el funcionario dijo que la construcción de la cárcel de máxima seguridad se ejecutará de manera legal, transparente y con la tecnología e investigación científica necesaria.
El inicio de las obras está previsto para finales de febrero, y se espera que con la misma se puedan disminuir los niveles de violencia.
