Redacción. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) demanda transparencia y una rigurosa revisión de los contratos energéticos, pues se discutirán próximamente en el Congreso Nacional (CN) al menos 18 adendas.
La ASJ manifestó que la crisis en el subsector eléctrico hondureño ha drenado las finanzas del Estado durante años, obstaculizando el desarrollo del país. Además, dijo que esa situación ha desviado recursos esenciales que podrían haberse invertido en áreas como salud, educación y seguridad.
Por ello, la ASJ lleva más de una década exponiendo las irregularidades en los contratos de generación de energía. Prácticas que no solo benefician a un grupo privilegiado sino que también perjudican gravemente a la población más vulnerable de Honduras, indicó.
En ese contexto, explicó que recientemente las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron el envío al CN de dos paquetes de contratos renegociados que carecen de la transparencia necesaria para su aprobación.
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Pronunciamiento
ASJ considera que el artículo 4 del Decreto 046-2022, de la «Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social», otorgaba 60 días hábiles a la ENEE para renegociar contratos en operación comercial. Este plazo expiró en agosto de 2022, y hasta la fecha, los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos no los han revelado ni enviado al CN.
El artículo 9 del mismo decreto establece plazos específicos y definitivos para que la ENEE ejecute la depuración y rescisión de contratos aún no operativos. Sin embargo, hasta la fecha, la ENEE no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso. Tampoco del estado actual de los aproximadamente 94 contratos que requerían depuración.
Para ASJ, en cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información pública, el pueblo hondureño tiene el derecho de conocer cada uno de los contratos en operación que han renegociado. Esto debe ocurrir antes de que sean enviados al CN con sus respectivas modificaciones, cambios y adendas. Incluyendo rebajas en el kWh, cambios en plazos de duración y su impacto en la tarifa del usuario final. Así como los contratos en proceso de depuración comercial que debieron ser rescindidos. Esto incluye las condiciones contractuales bajo las cuales opera la nueva planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA.
ASJ insta a las autoridades a adherirse estrictamente a lo establecido en el Decreto 046-2022 y evitar reactivar contratos que han estado inactivos durante más de una década, lo cual ha agravado el déficit energético y causado severos daños al país.
Desde ASJ hacen un llamado a los diputados del CN para que analicen meticulosamente y debatan públicamente cada uno de los contratos renegociados. Es responsabilidad de los parlamentarios no aprobar contratos que no estén en estricto apego a lo establecido en la Ley. Además que resulten lesivos para las finanzas de la estatal eléctrica y el bolsillo del pueblo hondureño.
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