Redacción. Defensores de la lucha contra la corrupción en Honduras expresaron su preocupación por la amenaza de financiación ilícita en las campañas de cara a las elecciones generales de 2025 y, además, denunciaron que los grupos criminales siguen aprovechando las debilidades de las leyes actuales para influir en el proceso electoral.
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) exigió mayor transparencia y supervisión en la gestión de los fondos de campaña. En su informe publicado el 29 de enero, la organización calificó las próximas elecciones como un momento crucial para fortalecer las instituciones estatales y restaurar el liderazgo en el país.
«La falta de transparencia en el uso de recursos por parte de los candidatos a elección popular es un tema crítico que amenaza la integridad del proceso electoral, el círculo vicioso entre extraditados, narcotráfico y el financiamiento de las campañas políticas«, señala el documento.
Le puede interesar: Filtran video de narcotraficantes negociando con Carlos Zelaya
Baja confianza en sistema electoral hondureño
Según la encuesta del Latinobarómetro 2024, los hondureños tienen uno de los niveles más bajos de confianza en el proceso electoral y en los partidos políticos de América Latina. Se sospecha que los tres principales partidos políticos del país -Liberal, Libre y Nacional- han recibido, en el pasado, fondos de campaña de origen cuestionable.
Entre 2017 y 2023, la Unidad de Política Limpia (UPL), encargada de supervisar la financiación de las campañas políticas, descubrió que el 50 % del dinero recibido por el Partido Nacional en los ciclos electorales de 2017 y 2021 provenía de «fuentes desconocidas», y Libre el 40 % de su financiamiento en circunstancias similares.
Vínculos entre narcotráfico y política
El historial de intromisión de los grupos criminales en la política hondureña no es nuevo. En septiembre de 2024, InSight Crime reveló un video en el que el exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece reunido con narcotraficantes de alto nivel para discutir contribuciones a su campaña presidencial de 2013. Zelaya admitió haber asistido a la reunión, pero negó haber recibido dinero ilícito.
Casos como este se suman a múltiples pruebas presentadas en tribunales de Estados Unidos que evidencian la relación entre exfuncionarios hondureños y el narcotráfico. A pesar de las evidencias, en 2023 el Consejo Nacional Electoral (CNE) aumentó los límites de financiación para las campañas políticas, elevando el monto permitido para los candidatos presidenciales de 400 a 500 millones de lempiras (casi 20 millones de dólares).
Para expertos en transparencia, el incremento sólo agrava el problema. «Lo que hace es dejarle un campo demasiado abierto a los candidatos a presidentes para gastar dinero sin la necesidad de tener que cuidarse de que están excediendo el límite de gastos», afirmó Alejandra Fuentes, abogada de Transparencia Internacional especializada en corrupción.
Las fuentes advierten que la falta de regulación facilita el ingreso de dinero ilícito a las campañas. Un ejemplo de esto fue la oferta de 650,000 dólares que cinco traficantes hicieron a la campaña de Zelaya en 2013. Esta cantidad representa apenas el 3 % del límite actual permitido.
Fondos imposibles de rastrear
Los pagos provenientes del crimen organizado suelen realizarse en efectivo, lo que dificulta su trazabilidad y registro. «No existe una forma física ni una disposición legal que imponga condiciones para hacerlo», explicó un exinvestigador de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien pidió mantener el anonimato por razones de seguridad.
Otro ejemplo de la problemática es el caso de Los Cachiros, quienes presuntamente financiaron con un millón de dólares la campaña del excongresista Midence Oquelí Martínez Turcios. De comprobarse, este caso se sumaría a la lista de políticos hondureños condenados en USA por recibir sobornos a cambio de facilitar el tráfico de drogas.
«Al final, el narcotráfico y el crimen organizado empiezan a coartar el Estado de derecho. Empieza el Estado a funcionar a favor de ellos», advirtió Alejandra Fuentes.
Falta de consecuencias
A pesar de que los principales partidos políticos han sido señalados por recibir fondos ilícitos, las reformas para fortalecer la supervisión financiera han sido escasas. «Nadie quiere mejorar este tema del financiamiento político. A todos les conviene que esos vacíos sigan existiendo, beneficiándose de ellos de alguna manera». señaló Fuentes.
La UPL detectó que en las elecciones generales de 2021 únicamente el 66 % de los 4,879 candidatos presentaron informes detallados sobre sus finanzas. De estos, más de la mitad presentaron inconsistencias o incumplieron con la normativa. Pero aunque se establecieron sanciones para más de 1,200 aspirantes a alcaldes y 474 a congresistas, las autoridades no las ejecutaron.
Para los expertos en transparencia, la falta de rendición de cuentas ha consolidado una relación simbiótica entre políticos y narcotraficantes. «Cuando los candidatos buscan un cargo de elección popular y no cuentan con el apoyo de empresarios u otras fuentes de financiamiento, recurren al dinero del narcotráfico», concluyó el exinvestigador de la MACCIH.
De igual importancia: Honduras cae en el Índice de Percepción de Corrupción 2024
