A la vista está: Honduras es hoy día un Estado peculiar, disminuido –por no decir fallido–, en tanto no se corresponde con la Constitución de la República en su concepción originaria, precisamente establecida en los artículos iniciales de la Carta Magna, como lo constatamos a continuación:
“Artículo 1. Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
“Artículo 2. La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen por representación.
La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”.
Esos principios fundamentales son letra muerta, toda vez que, como sucede con la corporación empresarial y financiera, Grupo Continental, S. A., que ha sido prácticamente desmantelada merced a una resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y a la incautación de los dineros y bienes de esa entidad privada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en aplicación de la Ley de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos.
Una ley confiscatoria, y, por lo tanto, inconstitucional, que responde a dictados extra-nacionales, a través de instrumentos como la Ley Kimping, de Estados Unidos de América (EUA), que incluso colisiona con la misma Constitución estadounidense, pero que se impone en la periferia colonial con efectos destructivos de la soberanía y la integridad nacionales sin parar mientes en las nefastas consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de los países y pueblos afectados.
El presidente del congreso nacional, Mauricio Oliva, inconsciente de lo que realmente hace y dice, ha expresado, en torno al terrible atropello del sector empresarial y financiero apuntado: “Estamos iniciando un proceso inédito en el país. Debemos transmitirles confianza, seguridad y no empezar a querer minar la credibilidad de las instituciones”.
¿A quién o a quiénes “debemos transmitirles confianza y seguridad”? No a Honduras y los hondureños, vulnerados en su libertad personal, en sus garantías constitucionales, en sus derechos humanos, en su identidad y en su moral ciudadana. ¿Dónde se empieza a “minar la credibilidad de las instituciones”? Todo el mundo lo sabe desde el momento en que se impuso el régimen totalitario, con la anulación del equilibrio entre los poderes en el Estado y su concentración en un solo mando, el del Ejecutivo.
Así las cosas, el presidente del congreso nacional concluye, con vocación absurda: “El Estado (debió decir “el gobierno”) está actuando con la responsabilidad del caso”, en esta situación de “suplantación de la soberanía popular” tipificada constitucionalmente de traición a la Patria.
