Internacionales. Durante una reunión el año pasado, el comité educativo del distrito de Saugus, Massachusetts, aprobó una nueva política destinada a agilizar el proceso de inscripción de estudiantes en las escuelas.
Sin embargo, los críticos argumentan que las nuevas regulaciones, que incluyen la exigencia de comprobar la residencia legal y la implementación de «penalidades civiles y criminales» para quienes no cumplan, tienen un propósito diferente: limitar el acceso de inmigrantes al reducido distrito escolar ubicado en las afueras de Boston.
La discusión acerca de la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas de Estados Unidos trasciende los suburbios de Boston. Activistas advierten que esta situación podría cobrar mayor relevancia si Donald Trump regresa a la presidencia.
En estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, políticos conservadores están cuestionando si los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho a recibir educación pública. Esta situación podría dar lugar a demandas que impugnen un precedente establecido por la Corte Suprema.
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Plyler vs. Doe
Desde hace décadas, los hijos de familias en situación migratoria irregular han podido asistir a escuelas públicas, gracias a la decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler vs. Doe.
En un fallo de cinco a cuatro votos, el tribunal concluyó que negar la educación a un niño por su estatus migratorio violaría la Constitución.
Nuevas normas
Las nuevas regulaciones del distrito escolar de Saugus exigen que los estudiantes recién llegados presenten sus documentos migratorios y establecen que solo los “residentes legales con verdadera residencia en Saugus” pueden inscribirse.
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En la última década, la proporción de niños que están aprendiendo inglés en la zona ha aumentado casi tres veces, alcanzando el 31 %. Además, las familias deben llenar un formulario censal, firmar una declaración de residencia y proporcionar comprobantes de empleo e identificación.
Defensores de los derechos civiles argumentan que estas exigencias son excesivamente estrictas y van en contra de la ley federal, ya que afectan de manera desproporcionada a los niños de familias inmigrantes. Muchas de estas familias, incluso si están en el país legalmente, podrían no contar con los documentos requeridos.
El presidente del comité en Saugus, Vincent Serino, dijo durante la reunión que la idea es solo “mejorar” las normas existentes sobre residencia y no negarle servicios a los inmigrantes.
