San Pedro Sula, Honduras. Las empresas que conforman el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá en San Pedro Sula rechazaron «enérgicamente» las «acciones desproporcionadas» contra algunos desarrolladores del proyecto contra quienes el Ministerio Público emitió órdenes de captura por suponerlos responsables de delitos que atentan contra el medio ambiente.
Según un comunicado de los propietarios del proyecto, en el «desproporcionado» operativo se emplearon «comandos tácticos, drones, armas automáticos y despliegues mediáticos» contra un empresario «de reconocida trayectoria» involucrado en el proyecto.
Esto, según manifestaron posteriormente en rueda de prensa, es una «persecución y acoso» que envía un «mensaje nefasto» a la comunidad empresarial nacional e internacional.
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Según un comunicado hecho público por Inversiones MPG e Inmobiliaria El Activo, empresas desarrolladoras del proyecto, están «decepcionados» por las acciones emprendidas por el Ministerio Público que «desperdicia los recursos del Estado en operaciones espurias de acoso» a un proyecto que ha durado 7 años.
Estas acusaciones «vagas, mal documentadas y con serias omisiones no soportaron el escrutinio de un juez», razón por la que todos los imputados fueron puestos en libertad al día siguiente del que calificaron como un «show».
En la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los presidentes, socios y contratistas de Ciudad Jaraguá, mostraron los permisos y licencias que «evidencian» que el proyecto se amparó en la legalidad para su ejecución.
Además, presentaron los planos que revelan que la obra no estaría construida sobre una zona de reserva ambiental, tal y como sugieren las acusaciones de la Fiscalía.
Llamado de alerta
El ingeniero César Elvir Prieto, representante de las empresas Inversiones MGP e Inmobiliaria El Activo, lamentó que el pasado viernes haya sido sacado de su vivienda «por varios soldados apuntándome con armas«, haciendo uso de una «violencia extrema«.
«El caso tiene 7 años de acosarme y en todos me he apersonado con mi abogado. Hemos contestado todo, pero eso no fue suficiente, ellos necesitaban exhibirme como un criminal», explicó, en referencia a la duración del litigio.
Prieto detalló, además, que lo que ocurrió es un «llamado de alerta para el empresariado nacional e internacional», pues los inversionistas «han visto todo lo que quieren hacer con Ciudad Jaraguá».
«Quiero transmitir la rabia que me genera esto, porque el juez al ver las arbitrariedades nos regresó a nuestras casas, pero nos sacaron y nos exhibieron. Esto no se va a quedar así», aseguró.
El ingeniero valoró que Ciudad Jaraguá es «el proyecto más grande del lado noroeste» de San Pedro Sula. Algo necesario para la ciudad, pues «necesitamos revertir y generar más empleo. Eso es lo que yo he hecho por más de 30 años y eso ha generado alguna envidia o poder oscuro», señaló.
Legalidad del proyecto
Por su parte, José Luis Gutiérrez, director técnico del proyecto, manifestó que durante años la obra se ha visto bajo un «ataque continuo» y una «serie de falacias».
Ciudad Jaraguá «es un proyecto que todos los que han comprado en él se han visto beneficiados en varios aspectos. Principalmente por el vivir en comunidad, con áreas verdes. Nos sentimos orgullosos», expresó.
Gutiérrez, además, hizo una presentación sobre todas las áreas con las que cuentan en Ciudad Jaraguá. También de la documentación que «demuestran la legalidad» de cada una.
«Jaraguá ha sido un desarrollo ejemplar. Realmente es lamentable que haya tenido este martirio todos estos años, derivado de intereses que no se terminan de entender», lamentó.
Gutiérrez también garantizó que cumplen con todas las normativas en cada construcción. Y añadió que son «el único proyecto con una planta de tratamiento de aguas negras».
Violación a sus derechos
Al respecto, el abogado Clovis Duarte, apoderado legal de Ciudad Jaraguá, indicó que los delitos por lo que acusan a los empresarios del proyecto «son sobre leyes derogadas».
Asimismo, aludió que penalizar que se genere una actividad urbanística demuestra la «baja calidad institucional con la que trabaja el Ministerio Público».
De acuerdo con Duarte, «se violaron muchos derechos» desde el momento en que allanaron las viviendas de los empresarios.
«Venimos a exigir que se respeten los derechos de nuestros representados. Que paren esta persecución. Que no se tenga la menor duda que exigiremos el respeto a su imagen y honor», indicó.
