TEGUCIGALPA.- Un grupo de abogados internacionales se han unido para lanzar una investigación independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres.
5 abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala ya se encuentran en Honduras para descifrar quién o quiénes son los responsables intelectuales del crimen.
Su investigación también concierne el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, colega que acompañaba a la ambientalista Cáceres al momento de su asesinato.
El grupo de abogados se ha conformado bajo el nombre Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
GAIPE lanzó un primer comunicado el pasado lunes desde Tegucigalpa.
En una conferencia de prensa brindada ayer, los miembros del GAIPE confirmaron que ya han tenido varias reuniones con partes involucradas en el caso.
«Sostuvimos reuniones con las familias, el COPINH, organizaciones del movimiento social y de Derechos Humanos hondureño, con los equipos jurídicos de las víctimas, con miembros del Cuerpo Diplomático, organismos multilaterales, representantes de la Cooperación Internacional», declararon.
«También nos reunimos con la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día de hoy se sostendrá reunión con la empresa DESA», agregaron.
Además, informaron acerca de los objetivos de su investigación.
Objetivos de los abogados internacionales
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- Conocer las distintas posturas frente al proceso investigativo del caso por parte de las instituciones e instancias con los que nos reunimos.
- Establecer canales de comunicación para dar seguimiento al proceso investigativo en torno a estos crímenes.
- Recoger iniciativas y propuestas en la perspectiva de asegurar una investigación integral y exhaustiva, que tome en consideración el contexto en que ocurrieron los hechos.
Entre otros puntos, explicaron que darán «seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado de Honduras, desde un enfoque multicultural y de género».
En ese sentido, finalizaron declarando:
«También brindará recomendaciones para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas, así como para fortalecer los procesos investigativos que impacten a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país».
