SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Un juez de letras de los Juzgados de San Pedro Sula dictó la medida de detención judicial a los 11 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acusados de implantar pruebas falsas y otros delitos en contra de ciudadanos de origen filipino.
El Ministerio Público (MP) anunció el pasado martes el requerimiento fiscal en contra de los funcionarios de la carrera policial. Diez de ellos se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades judiciales, y pasaron a la audiencia de declaración de imputado.
Los acusados en este caso son:
- Yony Omar Raudales Núñez
- Wilmer Joel López Gómez
- Esdras Sadrat Amaya Martínez
- Evely Dalian Triminio Gonzales
- Elvin Antonio Ramos Ramos
- Wilson Isaac Bonilla Hernández
- Lener Gilberto Quintanilla Gallardo
- Bertha Janina Alemán Antúnez
- Nerys Desiderio Mejía Rodríguez
- Fernando Josué Castellanos Canales
Entre los delitos que se les imputan a los antes mencionados están: allanamiento ilegal, robo con violencia, privación de libertad, tortura y asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
El undécimo acusado, Andy Josué Pérez Zelaya, ya enfrenta un proceso judicial y guarda prisión por el delito de secuestro. No obstante, deberá enfrentar la justicia por esta segunda acusación.
De la misma manera, el juez que conoce la causa indicó la audiencia inicial para el próximo lunes 19 de agosto a las 9:00 de la mañana. En este espacio procesal se va a determinar si se les da el auto de formal procesamiento.
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Los hechos
Las investigaciones en el caso establecen que los hechos ocurrieron el 13 de noviembre del pasado año 2023. De acuerdo con la denuncia, los agentes realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda en Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, donde vivían dos filipinos.
Sin embargo, la acción la realizaron sin una orden judicial e irrumpieron en la propiedad llevándose varias pertenencias de los residentes. Entre ellas, cosas de valor, dinero, y luego movieron a uno de los afectados a un basurero y montaron la escena colocando como prueba falsa armas y drogas, además de golpearlo.
Tras ello, al filipino lo presentaron ante la Fiscalía por suponerlo responsable de porte ilegal de arma de uso prohibido, porte ilegal de arma de uso comercial, tráfico de drogas y porte ilegal de munición de uso prohibido. No obstante, el juez desestimó las acusaciones y ordenó una investigación que llevó a la captura de los implicados.
Mandan a prisión a otros policías
De la misma manera, un juez, pero de los Juzgados de Tegucigalpa, dictó la medida de detención judicial para cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de concusión y privación injusta de la libertad realizada por funcionario o empleado público.
La determinación se obtuvo tras la audiencia de declaración de imputado en la que participaron los agentes asignados a la Unidad Metropolitana Policial 4 de la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
En este caso, los acusados son:
- El subinspector Emerson Aldair Vindel Gaitán
- Clase I Kenneth Esaú Varela Canales
- Policía Emerson Antonio Flores
- Policía Erick Omar Andino Martínez
A todos ellos les dio captura la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en pasado martes 13 de agosto del año en curso en la capital hondureña.
El juez agendó la audiencia inicial en esta causa, también para el próximo lunes 19 de agosto del 2024, en punto de las 10:00 de la mañana.
Los hechos
En este caso, las investigaciones de la unidad de apoyo al proceso de depuración policial de la ATIC, indican que los uniformados requirieron a la víctima en el interior de un restaurante de comida rápida.
Luego de ello, lo sacaron del sitio y le manifestaron que tenían información de que él se dedicaba a actos ilícitos. No obstante, en ningún momento le dijeron a esta persona qué delito era.
Acto seguido, lo subieron a la patrulla con registro 454, le quitaron sus documentos, computadora, tarjetas y lo anduvieron por varias zonas de Tegucigalpa. Unas horas después, lo llevaron a un cajero automático donde les entregó 10 mil lempiras en efectivo.
Asimismo, las investigaciones establecen que incluso le pidieron 50 mil lempiras más y que los debía entregar al siguiente día antes de las 12:00 p.m. En caso de no cumplir, lo acusarían de narcotráfico, pero luego el afectado llamó al 911 y la ATIC inició las acciones.
