Redacción. La abogada salvadoreña Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos y críticas del gobierno de Nayib Bukele, continuará en prisión preventiva luego de que el Juzgado de Paz de San Salvador ordenara este miércoles que su proceso avance a la etapa de instrucción, que se prolongará por al menos seis meses.
Autoridades detuvieron a López el pasado 17 de mayo y está acusada formalmente por el delito de enriquecimiento ilícito.
En un inicio, la Fiscalía General de la República (FGR) había anunciado cargos por peculado, pero el tipo penal se modificó en la acusación presentada la noche del 2 de junio, más de dos semanas después de su captura.
El proceso se ha declarado bajo reserva total por el juzgado, por lo que la defensa no ha podido confirmar ni desmentir oficialmente el cambio.

A su salida de la audiencia, la abogada aseguró ser una presa política y denunció que las acusaciones se deben a su trabajo como denunciante de supuestos actos de corrupción en el Ejecutivo.
“¡Soy inocente, soy una presa política! Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno”, exclamó ante la prensa mientras era escoltada por agentes policiales.
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«Aberración jurídica»
El abogado defensor Pedro Cruz calificó la resolución judicial como una “aberración jurídica” y criticó el secretismo con el que se ha manejado el caso. Aseguró que la Fiscalía actúa “sin fundamentos” y señaló una presunta incompetencia del Ministerio Público.
Organizaciones como Cristosal, donde López ha trabajado, consideran que el proceso forma parte de una estrategia para criminalizar su labor como defensora de derechos humanos.
“El cambio de delito imputado a Ruth no demuestra una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla”, expresó la entidad.
La detención de López ha generado reacciones de rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores han exigido su liberación inmediata y garantías para su integridad física y jurídica.
Medios locales como La Prensa Gráfica y la agencia internacional EFE han dado cobertura al caso, que ha reavivado las alertas sobre un posible retroceso democrático en El Salvador y un aumento en la criminalización de voces opositoras.