TEGUCIGALPA. La operatividad de la minera Inversiones Pinares, en Tocoa, Colon, está precedida de una serie de eventos que ponen en duda la transparencia de su instalación en un área protegida.
Inversiones Pinares explota su mina en una zona núcleo de la Montaña Botaderos, un área protegida de acuerdo con los pobladores del sector de Guapinol, Tocoa.
Pero para que la empresa de Lenir Pérez se instalara sospechosamente, la extensión del área protegida de la montaña Botaderos se redujo mediante decreto en el Congreso Nacional. Este decreto se aprobó en 2013, según un trabajo periodístico publicado recientemente por Jessenia Molina.
El Congreso declaró la montaña Botaderos como un área protegida en agosto de 2012. Esta zona tenía 23,223 hectáreas cuando se declaró área protegida en Colon. Pero un año después los diputados modificaron lo que habían aprobado. Con un decreto del 16 de diciembre de 2013 le quitaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo del área protegida.
Con este cambio abrieron la puerta a proyectos mineros en la zona que debía ser protegida por su riqueza natural. El escrito también detalla cómo en Tocoa, Colón, se repartieron la zona núcleo del parque nacional montaña Botaderos. Esta es un área protegida que forma parte del sistema montañoso de Honduras y que conecta con el corredor biológico mesoamericano, que es el que abastece de agua al Valle del Aguán, en la zona Atlántica.
Congreso Nacional modificó decreto
“El Congreso Nacional modificó 217.34 hectáreas y coincidentemente son parte de la zona núcleo donde se van a establecer dos de los proyectos mineros. Han solicitado 100 hectáreas cada uno; es decir, que la cantidad que se reduce es la cantidad que requiere las empresas para hacer esta explotación minera, que antes no la podía hacer porque era parte de la zona núcleo”, dijo en aquel momento Juana Esquivel de la Fundación San Alonso.
Todos querían una parte del pastel
La reducción del área beneficiaba a la empresa Emco Mining Company, ahora Inversiones Pinares. Lenir Pérez y sus socios buscaban extraer óxido de hierro de la tierra del Parque Nacional Montaña Botaderos.
¿Quién otorgó el permiso a la minería?
El 28 de enero del 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) otorgó el permiso de operación a la minera Inversiones Pinares para explotar por 10 años la montaña.
Para otorgar esta concesión, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población del lugar tenía que ser consultada. Aquí es donde surgen más interrogantes, pues quien debía consultar a los pobladores y socializar el proyecto era la Alcaldía de Tocoa; pero, misteriosamente las autoridades edilicias se saltaron este paso.
¿Por qué no lo socializó?
Por lo anterior, cuando la maquinaria llegó a la montaña y empezó a trabajar, el malestar en los poblados creció. Ellos no quieren perder la montaña y no aceptan a la mina.
Ambientalistas aseguran que se violentó el Convenio 169, que habla sobre el derecho a la consulta y que se incluye en la Ley de Minería, aprobada en 2013, donde establece que se debe hacer un proceso de consulta. Este proceso no se realizó, por lo que los pobladores no tenían idea del proyecto minero. Los lugareños y vecinos del sector de San Pedro Sula, ante la desinformación, denunciaron y protestaron contra la minera.
Más detalles sobre el permiso
“Para otorgar el permiso de explotación, forzosamente se requiere la licencia ambiental, porque si no estaríamos incurriendo en abuso de autoridad”, dijo Danilo León, representante de INHGEOMIN. Esa fue la explicación que dio esa instancia de Gobierno sobre el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación en la montaña Botaderos. Pero para los vecinos del sector San Pedro, el proceso fue ilegal. “A nosotros no se nos consultó, no nos tomaron en cuenta, por lo que todo es ilegal.
El alcalde dice que no tiene nada que ver, se lava las manos y él aprobó también que la mina explotara el cerro”, afirmó José Santos Hernández, presidente del Patronato de la comunidad de Las Flores, del sector San Pedro.
Los pobladores se tomaron carreteras y exigían a la Alcaldía Municipal un alto a la explotación minera. Pero esas protestas no provocaron ningún cambio. Son dos concesiones la ASP 1 y ASP 2 que durante 10 años explotarán la montaña.
Mientras unos se resisten, otros avalan a la mina, “estamos de acuerdo con la minera, esa empresa nos está ayudando con la construcción de la carretera, lo que nadie había hecho por nosotros”, expresó Julio César Hernández, presidente del Patronato “de la comunidad San José de García, del sector de La Laguna.
Comienzan los enfrentamientos
El único camino que les quedó a los protestantes fue negar el acceso a la maquinaria de la empresa por su caserío; pero pobladores de otras comunidades lo permitieron a cambio de un pago por usar sus caminos.
No sólo la minera Inversiones Pinares es amenaza, también la empresa Business Devolopment Resources S.A, de capital hondureño, está explotando otra mina, la de El Venado; no obstante, las mineras justifican que son los pobladores los que “están destruyendo la zona”.
Según la Fundación San Alonso, en las visitas de campo realizadas en la zona de explotación, comprobó que esta mina está afectando de forma directa a dos subcuencas, la del Río San Pedro y Río Tocoa.
Asimismo, la microcuenca La Zumbadora ubicada en el sector de la Abisinia. También afecta el nacimiento de los ríos Cuaca, Guapinol, Monga, Miangul y Taujica, que conforman la red hídrica. Además, que alimentan la vida de la población en la zona de montaña y el Valle del Aguán.
“Ninguna empresa le va ir a decir a una comunidad los impactos ambientales que genera la minería. Al contrario, le pintan el mundo de colores y ofrecen proyectos como escuelas, alumbrado, iglesias. Así como canchas de fútbol, uniformes para los equipos, pero al final hay un impacto negativo”, dijo Juan López, coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
División entre pobladores
En Colón la mina ha causado división, hay una lucha entre los que quieren cuidar los recursos naturales y los que quieren a la mina operando. Pero la mina está activa, se instaló y ahora hay alerta por la instalación de una planta procesadora de la roca.
Hay preocupación en la montaña Botaderos, son 15 comunidades de la zona que luchan por detener la minería, pero en el Congreso Nacional se trabaja por una nueva ley y temen que eso limite la llegada de otras mineras a Colón.
Protestas de las comunidades
En total, según la Fundación San Alonso, son unos 100 mil habitantes los que se ven afectados por las operaciones de la minería y por eso se opusieron al proyecto. El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se niega a realizar el cabildo para prohibir la explotación minera en el municipio.
“Si se hace la declaratoria del municipio libre de minería, se estaría incurriendo en abuso de autoridad y no se pueden parar las operaciones de la empresa minera por las demandas económicas que no estamos en la capacidad de asumir”, justificó el alcalde.
Otros municipios cercanos a Tocoa también en el departamento de Colón, Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental, ya prohibieron la minería.
La falta de consulta a la población, la negación del alcalde a declarar el municipio libre de minería y la modificación de la zona núcleo aprobada por los diputados, ha provocado que desde este año la maquinaria esté cortando árboles y contaminando algunas ríos de la zona protegida.
Aguas contaminadas
Las comunidades de Guapinol, Ceibita, La Lempira y Concepción ya no pueden co
nsumir el agua del río cercano. Asimismo, su paisaje ha sido modificado, los árboles siguen desapareciendo.
Son 64 concesiones que INHGEOMIN ha procesado para exploración y explotación en el departamento de Colón para minería metálica y no metálica. Las concesiones se ubican en los municipios de Limón, Bonito Oriental, Iriona, Sabá Trujillo, Santa Fe, Balfate. De los los cuales Tocoa, es el más afectado con 42 concesiones y de esas, seis ya están siendo explotados.
