Por Jorge Constantino Colindres
De forma unánime, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) optaron por volverse cómplices de la ilegalidad al renunciar a su independencia y doblegarse ante las pretensiones reeleccionistas del partido oficialista. El Pleno de la CSJ ha determinado que la reelección presidencial es cosa juzgada, afirmando que “ya la instancia competente, (…), ha dado ya una decisión de ejecución inmediata y con efectos generales, firmes e inmutables, en dos fallos”. De esta forma, la CSJ se ha prestado para reconocer la validez formal de una decisión judicial pronunciada de forma ilegal y anti constitucional; volviéndose cómplices de la subversión de la Constitución de la República y, en consecuencia, generando responsabilidad penal que habrá de deducirse contra cada uno de ellos.
La marcada falta de independencia del máximo tribunal del país, debe servirnos como una fría advertencia contra los peligros de permitir la reelección presidencial indefinida bajo un contexto institucional que se caracteriza por la carencia de controles republicanos como la separación entre los poderes del Estado y el respeto a la supremacía de la Constitución.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”.
Lejos de legitimar la reelección, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema deja en evidencia la apremiante necesidad de frenar el delictivo proyecto reeleccionista del Partido de Gobierno; ya que sin separación de poderes y una escasa representatividad democrática, la supresión del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República podría culminar por transformar enteramente la forma de gobierno democrática y republicana que dispone la Constitución, y alzar en su lugar un autoritarismo autocrático similar al que gobernó en Honduras durante las décadas más oscuras del siglo pasado.
Falta de independencia judicial continuará frenando el desarrollo de Honduras.
Los hondureños no podemos seguir negando la realidad, y es que en nuestro país los jueces y magistrados del Poder Judicial gozan de muy poca o nada de independencia frente a presiones políticas. Esa es la percepción de la opinión pública, es la percepción de los organismos internacionales (privados y públicos), y como podemos ver con el reciente pronunciamiento de la CSJ, no es solo percepción sino realidad.
En cuanto a independencia judicial, el Reporte de Competitividad Global sitúa a Honduras en el puesto 90 de 140 economías analizadas. Esta categoría se evalúa de acuerdo a si “la judicatura de un país es independiente de las influencias políticas de miembros del gobierno, ciudadanos o corporaciones”. En una escala del 1 al 100, el Estado de Derecho en Honduras recibe una calificación de 42 puntos y es colocada en el puesto número 90 de 102 países analizados en el Índice de Estado de Derecho, publicado por el Proyecto de Justicia Global, que a su vez nace de una iniciativa de la American Bar Association de Estados Unidos. Finalmente, la Edición 2016 del Índice de Libertad Económica en el Mundo publicado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, califica al Estado de Derecho en Honduras con 30/100. Señalando la omnipresente corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de las cortes de justicia.
Las bajas calificaciones que recibe el Poder Judicial hondureño no son un fenómeno nuevo, sino una constante. Sin embargo, los políticos que cooptaron el Poder Judicial quieren convencernos de la pulcritud, independencia e imparcialidad, de los magistrados que hoy se doblegan a sus ilegitimas ambiciones.
Sentencia que “habilita” la reelección es nula por vicios de forma y de contenido.
La sentencia judicial que “habilitó” la reelección presidencial indefinida es nula por razones tanto de forma como de contenido. De forma, porque los magistrados que emitieron dicho fallo fueron nombrados ilegalmente, pues son el producto de un golpe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, perpetrado por el Congreso Nacional en complicidad con el Ejecutivo y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas que prestó sus armas para la ejecución de la ilegal cooptación de un Poder Constituido. En consecuencia, todos los actos realizados por estos magistrados, incluyendo la sentencia con la que se pretende viabilizar la reelección presidencial, son nulos de pleno derecho y nadie debe obediencia a los mismos.
La notoria sentencia a la que se hace referencia, también adolece de vicios de contenido, porque no existe tal cosa como un “derecho humano a la reelección”. La reelección no está catalogada como derecho en ningún tratado internacional; mientras que el derecho a elegir y ser electo, de ninguna forma obliga a los Estados a garantizar la reelección de quienes ya fueron electos. Más bien, el derecho a elegir y ser electo supone la validez de las prohibiciones a la reelección, como un medio para frenar la perpetuación de las élites en el poder y permitir que todos los sectores sociales puedan aspirar a formar parte del gobierno en condiciones de plena igualdad.
Lo que sí existe es un derecho natural, soberano e inalienable del pueblo hondureño para constituir un gobierno en la forma que crea más conveniente para la consecución de su seguridad y felicidad. De esto se deriva su derecho a establecer un sistema democrático y republicano, y proteger su viabilidad a largo plazo imponiendo prohibiciones constitucionales a la reelección presidencial. Que la Corte Suprema quiera cambiar la Constitución para eliminar los límites que ésta impone al poder del Ejecutivo, tergiversando la forma de gobierno escogida por el pueblo hondureño, no responde a un criterio jurídico independiente e imparcial, sino a la obediencia servil de peones que buscan allanar el ilegítimo camino que se ha dispuesto a seguir su maestro.
En aras de contrarrestar las falacias argumentativas y jurídicas con las que se pretende confundir la opinión pública, mismas que escuchamos todos los días en los foros matutinos, en dos artículos siguientes procederé a elaborar sobre la nulidad por vicios de forma y contenido de la sentencia que coloca a Honduras junto a Nicaragua y Venezuela, como los únicos tres países en América Latina que permiten la reelección presidencial indefinida.
