TEGUCIGALPA. El proceso de socialización del nuevo Código Penal, continúa en buen suceso en el Congreso Nacional (CN), esta vez con los grupos LGTB, cuyos representantes solicitaron que los artículos del actual texto legal, salvo las mejoras que se hagan, se mantengan vigentes y a su vez se respete la normativa internacional.
Francisco Javier Álvarez, consultor internacional, expresó que ha sido preocupación del Congreso Nacional incorporar a estos colectivos en el proceso de creación de la nueva ley.
Recordó que recién se aprobó, sin ninguna oposición y con el apoyo de todas las bancadas, una iniciativa orientada a condenar la discriminación por cualquier causa sea religiosa, ideológica, de raza, género, identidad de género u orientación sexual.
El experto explicó que las penas para estos delitos dependen de la conducta en concreto, pues lesbianas, travestis, transgénero, bisexuales y gay, entre otros, son ciudadanos como cualquiera y si se da muerte a una de esas personas de la diversidad sexual, se puede aplicar una pena de 15 a 20 años, que aumentara si concurre un hecho de discriminación.
“En el caso de negar una oportunidad de trabajo a estas personas se contemplan penas de un año de prisión y cuantiosas multas, depende el tipo de conducta que se hable, hay una pena de reclusión que puede durar dos años, y en caso de la discriminación se pueden referir a muchas variedades de la misma”, detalló.
De su lado, la gerente legislativa del Congreso Nacional, Karen Motiño, refirió que unos 35 grupos organizados del colectivo LGTB, han participado desde que se comenzó a elaborar el dictamen y se les ha atendido para disipar dudas en la redacción de algunos artículos y su conclusión.
En tanto, Riana Ferrera de la Asociación Cozumel Trans, manifestó que al menos 50 transexuales fueron reunidas a nivel nacional, a las que se suman grupos de lesbianas, bisexuales y gay, agradeció la apertura que les ha dado el Poder Legislativo al permitirles participar en el proceso desde que se elaboró el primer borrador, con la participación de organizaciones de la diversidad sexual, trabajadoras sexuales y feministas, han hecho su aporte.
Ferrera, reiteró que su posición, que se ha respetado, es que se mantengan vigentes los artículos 321 y 321-A que contempla el Código Penal vigente y se continúe la vigencia de la normativa internacional.
Además, piden a su vez que a quienes atentan contra los miembros de la diversidad sexual, se les aplique la ley vigente, pero que a su vez cuando sean remitidos a los centros penales y hagan trabajos productivos para luego se les incorpore a la sociedad una vez cumplida su pena.
En la reunión también participaron representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los representantes de organizaciones LGTB de la capital hondureña.
