Redacción. En tiempos en que el acceso a internet es tan esencial como la luz o el agua, miles de hondureños siguen enfrentando una realidad desconectada y, a pesar de los avances tecnológicos y la expansión del 5G en algunas regiones, la conectividad en varias zonas del país continúa siendo una promesa lejana.
En el caso del departamento de Francisco Morazán, lugares como Tatumbla y Lepaterique presentan deficiencias en cobertura, situación que se agrava en municipios más alejados o con bajo atractivo comercial, informó una empresa encargada del monitoreo de conectividad a nivel nacional.
Según el recuento, en otros departamentos también se repite el patrón. Entre los lugares enumerados se encuentran Soledad y Güinope, en El Paraíso; Caridad, en Valle; Lauterique y San Pedro de Tutule, en La Paz; y La Virtud y Tomalá, en Lempira. También gran parte del departamento de Gracias a Dios continúa en condiciones precarias en cuanto a telecomunicaciones.
Pero no sólo los municipios rurales enfrentan este desafío. En pleno corazón del país, el Distrito Central, algunas colonias urbanas viven desconectadas o con una señal tan deficiente que el servicio se vuelve casi inútil. En estas zonas, explicó la empresa de monitoreo, el problema radica en la gran demanda o en la inexistencia de infraestructuras.
Entre ellas destacan:
- Los Pinos
- Bella Oriente
- Altos del Trapiche (Etapas V y VI)
- Lomas del Sur
- Lomas María Auxiliadora
- Villa Foresta
- Altos de Santa Rosa
- Los Robles
- Residencial Francisco Morazán.
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¿Qué está pasando?
De acuerdo con José Mario Sauceda, analista en temas de conectividad, la situación es consecuencia de una falta de regulación y seguimiento por parte del Estado.
“La conectividad, las telecomunicaciones, funcionan a través de una radiofrecuencia que es un bien público. Es el Estado quien debe vigilar que los operadores respeten este derecho humano, incluso en zonas donde no hay interés comercial”, explica Sauceda.
Uno de los grandes problemas es que, en zonas consideradas “poco rentables” por las empresas, no se instalan infraestructuras ni se amplía la cobertura, dejando a comunidades enteras sin acceso a educación virtual, trámites digitales, atención médica remota o empleo a distancia.
A criterio de Sauceda, las empresas privadas tienen un papel crucial, pero la responsabilidad principal recae sobre el Estado. “El Estado debe exigir metas de conectividad en zonas rurales y alejadas, incluso si no son rentables, porque los derechos no se negocian con base en el mercado”, concluyó.
