Redacción. En los últimos años, las muertes violentas de mujeres en Honduras se han convertido en una crisis silenciosa que avanza sin tregua, dejando en el presente 2024 más de 199 víctimas, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-OV).
Este problema refleja una combinación de factores como la normalización de la violencia de género, la falta de políticas efectivas de prevención y la impunidad que rodea muchos de estos casos.
A pesar de las alarmantes cifras y el impacto devastador en las comunidades, el tema sigue recibiendo una atención limitada, dejando a miles de familias sumidas en el dolor y la exigencia de justicia.
Zonas con más feminicidios
De acuerdo con el boletín “Muertes Violentas de Mujeres Femicidios 2023”, presentado en horas de la mañana de ayer jueves, los municipios más peligrosos para las mujeres son:
- Distrito Central: 26.8 % (91 casos)
- San Pedro Sula: 19.8 % (29 casos)
- Puerto Cortés: (14 casos)
- La Ceiba: (11 casos)
- Choloma: (16 casos)
- Juticalpa: (9 casos)
- Catacamas: (8 casos)
Disminución
Es importante mencionar que la tendencia de violencia de género reflejará una baja este 2024, que cerrará con un 4.8 % de muertes violentas de mujeres por cada 100 mil habitantes en comparación al 2023, que cerró con un 8.2 %.
Sin embargo, para Migdonia Ayestas, directora del Observatorio, la disminución de incidencias para este año, no evidencia que haya mejoras en la seguridad para las hondureñas.
“Las causas estructurales por las que matan a una mujer no se están trabajando, sino que se está controlando el delito. Se está reduciendo las muertes violentas, eso es importante, pero la prevención y la atención de las víctimas ahí es donde necesitamos avanzar”, explicó.
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La especialista aseguró que mientras no se instruya a la mujer hondureña a defenderse de la violencia sexual y homicida, difícilmente se sabrán las situaciones de vulnerabilidad que se está sufriendo en todo el país.
Las muertes violentas en Honduras durante 2024 continúan siendo un desafío significativo para la seguridad y el bienestar de la población. Pese a los esfuerzos del gobierno, especialistas señalan que el problema persiste.
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