TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, enfrenta un proceso judicial debido un caso de corrupción en ese ente, este viernes un juez le dictó prisión preventiva y auto de formal procesamiento.
Específicamente, la extitular de la Secretaría de Salud (Sesal) llegó al Juzgado de Letras en Materia de Corrupción por presumirle responsable de nueve delitos.
A Batres se le atribuyen los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
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Junto a Batres, en la audiencia inicial compareció el empresario Héctor Rolando Figueroa
Fúnez, a quien se le aplicaron las medidas de prisión preventiva, por señalarlo de nueve delitos de fraude a título de cooperador necesario.
Esto significa que los procesados tendrán que ser llevados a un centro penal del país, durante enfrentan el proceso judicial y conocen la sentencia.
Además, están involucrados la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz y el exadministrador Benelio Alvarado Membreño.
Al igual que, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero
y los empresarios Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez. Ellos, el pasado 14 de septiembre del año en curso, fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Detalles del caso
Por otra parte, el Ministerio Público reveló los detalles del caso de corrupción de la exministra de Salud, conocido como «Software».
El MP aseguró que las siete personas que están bajo investigación son parte de una red de corrupción que defraudó al Estado, precisamente entre marzo y septiembre del año 2014.
La suma del fraude que registraron los entes de investigación, es de más de siete millones, específicamente 7,885,450.00 millones de lempiras, mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías.
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También, se usaron diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud, según acusaciones.
Debido a las medidas distintas a la prisión otorgadas a los primeros procesados, el MP interpuso ante la Fiscalía una apelación. Esto ocurrió por «la gravedad de las imputaciones y a una posible obstrucción a la justicia».
