Redacción. La presidenta de la República, Xiomara Castro, se pronunció la noche de ayer ante la captura del juez nacional Marco Vallecillo, solicitando que se investigue el caso y se le aplique «todo el peso de la ley a todos los involucrados».
Vallecillo fue capturado ayer domingo 18 de agosto tras ser acusado por el el fiscal general Johel Zelaya de utilizar su nombre y de otros fiscales para extorsionar a investigados por delitos de corrupción.
Según el fiscal general, Vallecillo operaba de manera ilegal «ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas».
El fiscal general ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la captura, misma que se efectuó en un centro comercial de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Posterior a ello, ese mismo día se le dictó la medida de detención judicial.
En ese sentido, la presidenta de Honduras, a través de su cuenta oficial de X, expresó su confianza en el sistema de justicia. La mandataria espera que se aplique la ley «sin privilegios para nadie».
«En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra la verdad. Además, que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional», publicó la mandataria.
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Acusaciones contra Vallecillo
Preliminarmente, el Ministerio Público (PM) presentó este domingo el requerimiento fiscal contra los ciudadanos. A los exfuncionarios los acusan del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Además del coordinador del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, Marco Vallecillo, también estarían involucrados en el caso: Reinaldo Leiva Suazo, abogado del testigo protegido; y Nelson Omar Sierra Flores, amigo de los otros imputados.
Según las investigaciones, la denuncia interpuesta por el testigo revela que los acusados lo presionaban con amenazas. Algunas de ellas sobre que la UFERCO le presentaría un requerimiento fiscal en su contra.
Añadió que los imputados además le ofrecieron la posibilidad de excluirlo de un caso, usando la figura del fiscal general para presionarlo aún más con la intención de que el denunciante les pagara la cantidad de tres millones de lempiras.
