TECNOLOGÍA. WhatsApp podría tener los días contados en Reino Unido. ¿El motivo? La probable aprobación de un nuevo proyecto de ley llamado Online Safety Bill que busca que se pueda leer mensajes personales para perseguir terroristas y delincuentes sexuales en internet y en estas apps.
El problema principal está en que WhatsApp tiene un cifrado de extremo a extremo que impide que se pueda acceder a estos mensajes, por lo que entraría en conflicto con este proyecto de ley que lleva ya más de 8 años gestándose.
Para ser claros, este Online Safety Bill podría imponer multas de hasta el 10% de la facturación global de una compañía que no cumpla con sus requisitos, motivo por el cual WhatsApp está dispuesta a abandonar el país si se aprueba la ley, tal y como está escrita actualmente, cuyo plazo está a punto de vencer.
Es un problema grave, puesto que aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal abanderan la privacidad como principal baluarte. Tanto es así que impide, incluso a sus empleados, leer los mensajes de los usuarios.
Todo está encriptado y cifrado, es parte de su esencia, y las imágenes, vídeos o textos permanecen de esta forma inalterables hasta que llegan al receptor del mensaje.
«El proyecto de ley no brinda protección explícita para el cifrado», dijo una coalición de proveedores, incluidos los líderes del mercado WhatsApp y Signal, en una carta abierta el mes pasado. «El 98% de nuestros usuarios están fuera del Reino Unido», aseguran en The Guardian.
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Defienden la «seguridad pública»
Las autoridades británicas, por su parte, niegan que su proyecto represente la prohibición del cifrado de extremo a extremo, pero piden que sea más fácil identificar casos de abuso infantil o posible indicio terrorista.
«Apoyamos un cifrado fuerte, pero esto no puede ser a costa de la seguridad pública«, declaró un portavoz del ministerio del Interior.
Eso sí, no todo el mundo opina igual. Richard Allan, liberal demócrata y antiguo jefe de política de Meta, describe como «ambiguo» el proyecto de ley.
Damian Collins, uno de los que analizó el Online Safety Bill, rechaza que sea necesario modificar el cifrado de extremo a extremo para cumplir la ley. Además, cree que sería suficiente que las empresas compartan la información a la que sí tienen acceso.