Redacción. La renuncia de José Carlos Cardona como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no ha logrado apaciguar las crecientes dudas de transparencia e investigación en torno al manejo de fondos públicos.
Pese a que la salida se interpreta como una medida ante la presión pública, no ha aportado claridad sobre el paradero de más de 950 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional durante los últimos tres años.
Estos recursos, supuestamente dirigidos a financiar “proyectos menores” a nivel comunitario, han sido objeto de escrutinio tras múltiples denuncias sobre opacidad en su administración.
A raíz de ello, diversas voces del ámbito político y analítico han reclamado una investigación profunda que permita identificar responsables y esclarecer el uso real del dinero, cuya trazabilidad permanece difusa.
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Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la presunta limitada información presentada recientemente en cadena nacional por el ministro de Transparencia, Sergio Coello.
Coello explicó que “la transparencia es un pilar fundamental. No vamos a tolerar ningún acto al margen de la ley”.
Investigación
Desde el exterior, el economista hondureño Roberto Lagos se sumó a las críticas, advirtiendo en su cuenta de la red social X que “la salida de Cardona no resuelve el problema de fondo, que no pretenda el gobierno y sus funcionarios minimizar un tremendo problema con una simple renuncia”.
Además, advirtió que “todavía hay mucha tela que cortar”, subrayando que “todos los recursos gestionados por los diputados a través de secretarías de Estado deben ser investigados inmediatamente”.
Por su parte, el analista Kenneth Madrid consideró que dicha intervención careció de sustancia y no satisfizo las expectativas de rendición de cuentas. “No es con un informe poco significativo, hay que llegar al fondo”, afirmó en entrevista con un medio de comunicación local.
Añadió que “si esperamos a que tengan que ir a verificar los cheques, hacia dónde llegaron, ese es otro nivel de responsabilidad. De tal manera que, al final, creo que le incumplieron a la presidenta Castro. No emitieron un informe relevante. También le incumplen al pueblo, porque no se genera la transparencia que todo el pueblo desearía”.
Madrid insistió en que no se debe limitar la revisión al extitular de Sedesol. También deben investigarse los diputados y funcionarios de otras instituciones estatales involucradas en la administración de estos fondos.
Polémica
El diputado Rasel Tomé, del oficialista Partido Libre, también manifestó su descontento y reiteró que su agrupación política llegó al poder con la promesa de un manejo distinto y transparente de los recursos del Estado.
“Nosotros no somos iguales, presidenta. Los funcionarios tienen que entender que el dinero público hay que cuidarlo”, expresó. Tomé fue más allá y sugirió que no solo Cardona, sino también la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, debería poner su cargo a disposición ante el Legislativo.
En medio de este panorama, la exigencia ciudadana por una verdadera rendición de cuentas sigue en aumento, mientras los señalamientos de opacidad en la gestión de los fondos públicos continúan erosionando la confianza en las instituciones.
El detonante de este caso fue la filtración de un video en el que aparece el exministro de Sedesol conversando con la diputada Isis Cuellar, actual vicepresidenta del Congreso Nacional.
En dicho material audiovisual, se les escucha hablar sobre fondos públicos que, según se interpreta, estarían destinados a “estructuras” del partido Libre en la zona occidental del país. Esta revelación encendió las alarmas tanto en la opinión pública como en el ámbito político, intensificando los reclamos por una investigación a fondo.
Pese a la dimisión de Cardona, la investigación sigue abierta. Las autoridades han declarado que serán los entes competentes los encargados de determinar las responsabilidades correspondientes, mientras crece la presión por esclarecer el uso de fondos que, hasta ahora, siguen envueltos en incertidumbre.
