Redacción. La violencia no da tregua en el departamento de Olancho, donde en las últimas horas se han registrado varios hechos sangrientos que reflejan una creciente crisis de seguridad.
Este territorio del oriente hondureño, históricamente afectado por el narcotráfico, los conflictos territoriales y la impunidad, vuelve a ser escenario de crímenes brutales y la población pide justicia.
En Juticalpa, la capital departamental, sujetos armados atacaron a un ciudadano identificado como José Gabriel Molina, de 40 años de edad, quien recibió varios impactos de bala.
Vecinos de la colonia Los Ángeles auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia al Hospital San Francisco. Pero, debido a la gravedad de las heridas, médicos anunciaron su traslado al Hospital Escuela en Tegucigalpa para recibir atención especializada.
Mientras tanto, en Catacamas, otro hecho violento cobró la vida de Marcial de Jesús Torres, de aproximadamente 50 años. El crimen ocurrió el pasado sábado por la tarde dentro de un parque público.
Según el informe preliminar, Torres se encontraba en el interior de un baño cuando un sujeto armado ingresó, le disparó y huyó del lugar sin dejar rastro. Las autoridades hallaron el cuerpo tendido en un charco de sangre e iniciaron el proceso investigativo para identificar y capturar al responsable.
Las autoridades policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron las investigaciones correspondientes. Medicina Forense se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato y no se ha reportado ninguna captura relacionada con el caso.
El hecho ha generado profunda conmoción entre los habitantes de Catacamas, quienes demandan una mayor presencia policial en la zona y justicia para la víctima.
Masacre
Estos hechos, aunque alarmantes, no fueron los únicos que estremecieron a Olancho en las últimas horas. En el municipio de Silca, hace casi una semana, se reportó una masacre que dejó tres personas muertas, entre ellas dos mujeres y un ciudadano estadounidense.
El crimen generó consternación y llevó al alcalde Pablo Paz a presentar una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El edil solicitó la intervención urgente del Estado para contener lo que calificó como una ola de violencia incontrolable. Según explicó ante la institución, las víctimas eran parte de su círculo familiar más cercano y no existían amenazas ni conflictos previos.
Expresó sentirse consternado y superado por la situación, no sólo como autoridad, sino también como víctima directa. Afirmó que había recurrido a los organismos de derechos humanos en busca de protección y justicia.
Paz también indicó que su familia había vivido siempre en paz y que el crimen, ocurrido sin motivo aparente, volvía aún más preocupante el panorama en su municipio. Advirtió que si un hecho de esa magnitud podía ocurrirle a una familia sin enemigos conocidos, entonces ninguna otra familia en la comunidad podía sentirse segura.
«Siento temor y exijo intervención»
Paz advirtió que se siente en riesgo, tanto por su rol como funcionario municipal como por su vínculo con las víctimas, y solicitó medidas de protección personal. Además, anunció que enviará una carta formal al director de la Policía Nacional y al ministro de Seguridad exigiendo respuestas y la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la muerte de la tía política del alcalde, quien tenía ciudadanía estadounidense.
Según Pablo, la Embajada de Estados Unidos ya inició investigaciones propias, en cumplimiento de la ley federal que obliga a indagar cualquier crimen cometido contra ciudadanos estadounidenses fuera del país norteamericano.
“Confiamos en que tanto las autoridades nacionales como las agencias de seguridad estadounidenses colaborarán para esclarecer este crimen atroz”, dijo.
Estos episodios reflejan un patrón de violencia que se ha arraigado con fuerza en Olancho. La expansión del crimen organizado, la débil presencia del Estado y la falta de respuestas efectivas han convertido al departamento en uno de los focos más peligrosos del país. Mientras tanto, las autoridades locales y las comunidades exigen acciones concretas que frenen el derramamiento de sangre.
