TOCOA, COLÓN. Durante todo este día, pobladores mantuvieron una toma en Guapinol, en la carretera CA-13, y ante la incapacidad para despejar las vías, militares y policías llegaron a la comunidad e irrumpieron en varias viviendas.
La toma se mantenía justamente a la altura del desvío hacia la comunidad de Guapinol, impidiendo el paso de Sabá a Tocoa. Los pobladores indicaron que se manifestaban contra el proyecto minero en la parte alta de la Montaña de Botaderos.
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Explicaron que las actividades mineras están afectando seriamente a las aldeas cercanas. Por lo cual pidieron al actual alcalde de Tocoa que declare el municipio libre de minería en un cabildo abierto.
Las acciones se han extendido desde horas de la mañana. Largas filas de vehículos esperan para seguir su ruta hacia sus hogares. Pero debido a que los agentes de la Policía Militar y Nacional no pudieron desalojaron, tomaron acciones de amedrentamiento.
Pasadas las 5:00 p.m., unos 60 agentes subieron en las patrullas y rápidamente partieron hacia el interior de Guapinol. Ahí irrumpieron en varias viviendas y se reportaron al menos cuatro perdonas detenidas; todavía no identificadas.
Sin embargo, se presume que son familiares de quienes sostenían la toma en la CA-13. La información ha sido brindada por medios de comunicación de Colón.
Montaña Botaderos es área protegida
En agosto de 2012, el Congreso Nacional declaró la Montaña Botaderos como un «área protegida»; en ese momento, la zona tenía una extensión de 22,223 hectáreas.
Luego, en 2013, el diputado de Colón por el Partido Nacional, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reforma la declaratoria de la Montaña Botaderos como área protegida por la «necesidad» de ampliar el área de amortiguamiento minero.
La concesión del proyecto minero ASP y ASP 1 se aprobó en el Decreto Legislativo 252-2013, bajo responsabilidad de la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez.
Esta concesión desató el caos en Guapinol y las zonas aledañas por el daño ambiental que ocasiona a las comunidades y sus recursos. En diciembre de 2013 ampliaron el área de amortiguamiento y le cedieron 217.34 hectáreas al proyecto minero.
En torno a la lucha contra el proyecto minero, se ha criminalizado a los pobladores que se unen. Un grupo de 13 personas estuvieron acusadas de robo, incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad.
