Redacción. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) expresó su rechazo ante la propuesta de que el Estado asuma la responsabilidad del pago a los afectados por el caso “Koriun Inversiones”.
«El uso de fondos públicos para cubrir pérdidas privadas es jurídicamente improcedente y establecería un precedente nocivo, abriendo la puerta a futuros fraudes que podrían generar reclamos similares, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas del país. Rechazamos cualquier iniciativa con ese objetivo pues carece de sustento legal y viola principios básicos del derecho administrativo y presupuestario», explicó.
Asimismo, recordó que Koriun Inversiones no es una institución financiera autorizada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), como lo exigen las leyes que regulan el sector financiero nacional.
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«La captación de fondos del público es una actividad reservada exclusivamente a instituciones legalmente autorizadas. Los depositantes, por tanto, asumieron voluntariamente un riesgo al entregar su dinero a una empresa no regulada, motivados por promesas de ganancias extraordinarias, propias de esquemas financieros de tipo piramidal», indicó la CCIC.
Recursos
La organización mencionó que los recursos del Estado deben ser destinados al bienestar común, no al rescate de inversiones riesgosas realizadas por particulares.
«Cualquier intento de utilizar estos fondos para indemnizar pérdidas privadas sería injusto para los millones de hondureños que cumplen con sus obligaciones fiscales o que esperan mejora de los servicios básicos como salud, educación y seguridad», apuntó.
En ese sentido exhortó a las autoridades competentes a identificar, investigar y sancionar a los verdaderos responsables del esquema fraudulento. Piden incluir a quienes diseñaron, promovieron o facilitaron su funcionamiento.
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«Esto incluye también la posible omisión de deberes por parte de entes públicos con competencias de supervisión, control o fiscalización», reclamó.
Finalmente, instó al Estado a enfocar sus esfuerzos en la educación financiera, el fortalecimiento institucional y la justicia efectiva, «en lugar de comprometer el bienestar colectivo con indemnizaciones que podrían poner en riesgo el desarrollo del país».
