Redacción. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió en horas de la tarde al gobierno de Honduras reflexionar sobre el tratado bilateral de extradición, puesto que todavía está vigente.
Un portavoz del Departamento de Estado destacó que la extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley, que benefició tanto a Honduras como a USA. Igualmente, reiteró firmemente que el gobierno hondureño debe reconsiderar esta decisión.
El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de USA en Tegucigalpa la decisión de «dar por terminado» el tratado de extradición. Esto ocurrió después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara su preocupación por una reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
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«En este momento el tratado de extradición sigue en vigor», añadió el portavoz estadounidense. Sugirió que el cese del mismo «perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos. Ambos buscan luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia».
Implicaciones
Desde el Departamento de Estado se destacó que la naturaleza transnacional de muchos crímenes implica que muchos países, «incluido Honduras, deben trabajar en estrecha cooperación para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse».
«Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia», añadió el portavoz.
Luego, detalló que Washington valora la relación de larga data con Honduras. Enfatizó que ambos países tienen el compromiso de defender el estado de derecho y combatir el crimen transnacional.
Por su parte, el canciller Eduardo Enrique Reina reafirmó este jueves que Honduras revocó el tratado bilateral. Explicó que lo hacen por temor a que utilicen el tratado como un «arma política». El Gobierno teme que busquen extraditar a funcionarios o militares de alto rango por cuestiones «puramente políticas», argumentó.