Redacción. La Administración de Donald Trump ha admitido haber deportado a un residente de Maryland a una megacárcel salvadoreña debido a un «error administrativo», a pesar de que una orden judicial prohibía su envío al país.
Aunque pareció reconocer el error, el Gobierno argumentó entonces que no podía devolverlo a Estados Unidos. Los registros judiciales presentados por abogados del hombre afirman que ha vivido desde 2011 con su familia.
Los abogados del territorio estadounidense reconocieron ayer en una presentación judicial que deportaron a Kilmar Armando Abrego García. Se trata de un salvadoreño que vive en Maryland con su esposa y su hijo de cinco años. El ciudadano contaba con protección, para no ser devuelto a su país de origen.
Tanto su esposa como su hijo, que tiene una discapacidad, son ciudadanos estadounidenses, dijeron los abogados al tribunal. «Aunque el ICE era consciente de su protección frente a la expulsión a El Salvador, Abrego García fue expulsado a El Salvador por un error administrativo», declaró el Gobierno en su demanda. Los acusados dijeron que EEUU no tenía jurisdicción para garantizar su regreso desde la prisión CECOT.
El hombre deportado tiene un estatus legal protegido
A Abrego García un juez de inmigración le otorgó estatus legal protegido en 2019, lo que prohibió al Gobierno deportarlo a El Salvador. Los abogados de Abrego García declararon que llegó a Estados Unidos con 16 años después de huir de la violencia de las pandillas.
«Comenzando alrededor de 2006, los miembros de la pandilla lo habían acechado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo para coaccionar a sus padres a sucumbir a sus crecientes demandas de extorsión«, dijeron en su presentación.
El salvadoreño no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, según su equipo legal. Afirmó que no está afiliado a ninguna banda, a pesar de las afirmaciones del Gobierno estadounidense, que, según los abogados de Abrego García, «nunca ha aportado ni un ápice de pruebas que respalden esta acusación infundada».
En la presentación judicial del Gobierno, de la que informó en primer lugar ‘The Atlantic’, la Administración restó importancia a la preocupación de que Abrego García pudiera ser víctima de torturas o que su vida corriera peligro en el CECOT. El abogado de Abrego García, Simón Sandoval-Moshenberg, dijo que nunca había visto un caso en el que el Gobierno deportara a sabiendas a alguien a quien ya se le había concedido el estatus de protegido.
De igual interés: EEUU exige a empresas francesas que renuncien a sus políticas de diversidad
Se ignoraron los procedimientos legales
Los abogados del demandante afirmaron que las autoridades de inmigración «no tendrían ningún impedimento legal» para deportarlo a cualquier otro país salvo a El Salvador. Ellos alegan que «los demandados consideraron molestos esos procedimientos legales, por lo que se limitaron a ignorarlos y deportaron de todos modos al demandante Abrego García a El Salvador».
La Administración Trump deportó el 16 de marzo a más de 250 personas, sin audiencia a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esa acción se ejecutó en virtud de un acuerdo con el país centroamericano.
La organización de derechos humanos Cristosal informó el año pasado que al menos 261 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas desde 2022. Asimismo, grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado hacinamiento extremo y tortura en las cárceles salvadoreñas, incluida CECOT.
