Redacción. El Departamento de Estado de Estados Unidos (USA, por sus siglas en inglés) redujo la alerta de viaje a El Salvador de nivel 3 a nivel 2 al citar una baja en los homicidios y una «significativa reducción» de las actividades delictivas relacionadas con pandillas.
«Los empleados del Gobierno de Estados Unidos pueden viajar por todo el país durante el día. En gran medida debido a preocupaciones de infraestructura, los empleados del gobierno no deben viajar entre ciudades o departamentos después del anochecer, excepto en la autopista entre San Salvador y el aeropuerto internacional de El Salvador, y entre San Salvador y La Libertad», indicó dicho departamento a través de un aviso.
La alerta de viaje es una forma de advertir a sus ciudadanos sobre las condiciones de riesgos que, en su opinión, hay en otros países; consta de 4 niveles, donde para este último la recomendación es «no viaje». El nivel 2 de alerta indica tener mayor precaución. Para este país, señala que la delincuencia sigue siendo una preocupación, aunque reconoce que en los últimos dos años ha ocurrido una significativa reducción de homicidios y delitos violentos.
Tras la reducción en el nivel de alerta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó en su cuenta de X. «Estados Unidos baja la alerta de viaje a El Salvador debido a la reducción de la delincuencia», publicó. Además, atribuyó la reducción de la violencia al plan de control territorial y al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Esto, como respuesta a un repunte de violencia atribuido por las autoridades a las pandillas.
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Régimen de excepción
Las autoridades estadounidenses también llamaron a sus ciudadanos a ser cautos ante el estado de excepción porque en su marco varios ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos y aún esperan sentencia. La medida suspende garantías procesales como el acceso a un juicio justo y que quienes están encarcelados no cuenten con un debido proceso.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado martes la 32ª prórroga, con los votos de 57 de 60 diputados. La normativa, que suspende algunos derechos y garantías constitucionales, ha permitido la detención de más de 83,000 personas. Inclusive se ha registrado más de 633 días, no consecutivos, sin homicidios.
Pese a la reducción de homicidios, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido, sin éxito, la derogatoria del régimen de excepción. Esto por considerar que permite violaciones a derechos humanos y se ha arrestado a personas inocentes.
