Redacción. La salud mental de más de un tercio de los jóvenes universitarios en el país se encuentra en estado crítico, según los hallazgos de una tesis presentada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El estudio, que analizó a casi mil estudiantes de seis facultades en 2024, reveló que el 37 % de ellos experimenta ansiedad de moderada a severa, mientras que el 29 % padece síntomas de depresión. Estos datos confirman la existencia de un problema emocional que se agrava en los campus del territorio nacional.
El autor de la investigación, Ernesto Gálvez, identificó varios detonantes que contribuyen al deterioro emocional de los jóvenes. Entre ellos: el desempleo juvenil, la «inhumana» sobrecarga académica, la violencia estructural que impera en el país y una baja percepción de autoeficacia personal.
«Son realidades que se entrelazan y terminan por minar la motivación, la estabilidad emocional y el bienestar de los jóvenes», explicó Gálvez.
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Brecha de género
Otro hallazgo significativo de la tesis es la disparidad de género. Las mujeres, aunque son más propensas a buscar ayuda psicológica, también reportan mayores niveles de depresión e insatisfacción con sus vidas. Este contraste, según el investigador, podría deberse al estigma cultural que aún limita a los hombres a expresar abiertamente sus emociones o buscar apoyo profesional.
La investigación también subraya la ambivalencia de los universitarios ante la terapia: muchos reconocen que necesitan ayuda. Pero al mismo tiempo muestran una fuerte resistencia a buscarla, citando el miedo al rechazo social y la falta de recursos económicos como las principales barreras.
Salud pública
El panorama para el resto del país es aún más preocupante. Se estima que más del 15 % de la población padece algún trastorno psicológico, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes.
A pesar de esta necesidad urgente, la atención especializada es casi inexistente: el sistema público cuenta con una cifra alarmante de apenas 0.62 psicólogos y 0.66 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Gálvez concluyó que esta cifra es una «alerta sobre la desprotección en la que vive la población», reflejando una grave deuda del Estado con la salud mental de sus ciudadanos.
