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jueves, marzo 28, 2024

Unión aduanera

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Vuelve a la carga el tema de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, así como la eventual adhesión de El Salvador para cerrar el triángulo norte centroamericano.

Se presume que el próximo diciembre se efectuará en Tegucigalpa la última cumbre de la Unión Aduanera en la que ambos países, Honduras y Guatemala, negociarán el 20% que falta para concluir el convenio, que se refiere a los aspectos técnicos base del funcionamiento práctico. Mientras tanto El Salvador, experto y avisado, finge ir por ese camino pero arrastrando los pies.

Se trata, entonces, de lo que califican como “Protocolo Habilitante” y de la aportación de 10 millones de dólares (5 millones por cada país) para el financiamiento instrumental, que, de alguna manera, está vinculado al aparato del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) que, por otra parte, requiere la dádiva del “billón de Obama”, todavía en veremos en el congreso de Estados Unidos y en perspectiva –en el mejor de los casos—de franco adelgazamiento.

De parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que no sale del habitual papel de comparsa del gobierno, se incita al congreso nacional de los dos Estados a que “ratifique el Protocolo Habilitante para que tenga vida la Unión Aduanera”. Todavía no se sabe cómo quedará el guiso y ya lo dan por bueno.

El proyecto de la unión aduanera centroamericana es de antaño, de más de medio siglo atrás, y ha figurado invariablemente en la agenda multilateral de nuestra región casi como artículo de fe. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) han machacado el tema, con almádana y yunque contra hierro frío.

Desde hace por lo menos 20 años las negociaciones sobre la unión aduanera centroamericana –de algún tiempo acá circunscritas al trío norteño—avanzaron en 80 por ciento, según lo publicitado. El 20% restante, la parte medular, se ha mantenido sin resolver porque, en el fondo, lo que allí prima es  la asimetría del desarrollo económico y comercial entre estos países, y, en consecuencia, la correspondencia tributaria.

Esa desigualdad inter partes determina, asimismo, un impacto negativo para el país menos desarrollado, en este caso Honduras, que para poder jugar en esa ruleta necesitaría de mecanismos de compensación, algo poco factible –y poco recomendable—en una zona enmarcada de libre comercio (que no es integración), en que el tiburón se come inevitablemente a las sardinas.

Como por ahí dicen que se plantea convertir a Honduras en un centro logístico comercial e industrial a nivel continental y mundial, no sería extraño que el gobierno progresista y emprendedor actual haga su apuesta sin importarle los  riesgos seguros que la realidad objetiva –ésa que se impone por encima de las fantasías y el ilusionismo de la propaganda política—deja ver en el “protocolo habilitante” perfilado.

Recordemos, para variar, lo que sucedió durante la vigencia del Mercado Común Centroamericano con el mecanismo de compensación de las asimetrías, el llamado Protocolo de San José (sobre los impuestos preferenciales al consumo) que, una vez denunciado unilateralmente, terminó por dar al traste con la integración comercial.

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