TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Unidad de Política Limpia remitió a la Fiscalía Especial de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Publico (MP), dos expedientes de ex aspirantes a cargo de elección popular. Esto, por vincularlos a acciones del crimen organizado.
Cabe señalar que esta información la confirmaron por el comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia, Kelvin Aguirre. Mismo que no reveló los nombres para no entorpecer la investigación.
Además, Aguirre explicó que otros dos expedientes de exaspirantes a corporaciones municipales fueron remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
«Los casos de estos alcaldes eran de dos que buscaban la reelección en sus cargos. Esto, se denunció ya que utilizaron fondos públicos de esas alcaldías, lo cual es penado por la ley y constituye un delito», arguyó.
Asimismo, señaló que el ente contralor del Estado deberá efectuar las auditorías para determinar si existe responsabilidad administrativa o penal en estos casos.
Informó que más de 70 expostulantes fueron citados por el órgano adscrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE). «Estos presentaron las pruebas que argumentan su inocencia sobre las acusaciones de las que han sido objeto». Detalló.
Finalmente, recordó que a uno de los exaspirantes se le realizó tres citatorios. Además, se mostraba renuente para rendir cuentas ante la Unidad sobre señalamientos. «Al final accedió bajo la amenaza de enviar su caso al MP».
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Prórroga
Desde el pasado 19 de febrero se concedió una prórroga de 30 días para que todas las organizaciones políticas inscritas presenten sus informes financieros. Al igual que estados y registros de sus ingresos y egresos de la pasada campaña electoral.
Cabe señalar que el Partido Innovación y Unidad (PINU) ha sido la única institución que ha cumplido con esta disposición. Misma que está establecida en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales solicitaron más tiempo para cumplir con este requisito. Por lo cual se accedió a ampliar el plazo no mayor a los 30 días calendario.
Es importante mencionar que de 50 a 100 salarios mínimos es la sanción que se le impondrá a las organizaciones que incumplan con este requerimiento.
