TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los empleados de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA) se tomaron nuevamente las instalaciones de esta institución del Estado. Esta vez, exigiendo que se les pague la totalidad de los sueldos del año 2018.

Los trabajadores habían anunciado la suspensión del paro ante la promesa que se les pagaría todo lo adeudado.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas (Sefin) canceló a los empleados únicamente tres meses. Por lo que los empleados exigen el pago del aguinaldo. Asimismo, el pago del salario de los meses de noviembre y diciembre.

Un empleado de COALIANZA detalló que es la Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas que tiene detenidos tres proyectos de COALIANZA. Entre estos proyectos, están la CA-4 y Pasaportes, señaló.

La Unidad de Contingencias Fiscales es la encargada de evaluar cada uno de los riesgos que asume cada una de las Alianzas Publico Privadas (APP). Ellos son quienes nos tienen reventados. Porque no nos aprueban los proyectos, creando pasivos contingentes y pasivos firmes, explicó el entrevistado.

La ley de Coalianza no permite la generación de recursos de otra forma que no sea a través de la aprobación de la APP. Se están peleando, quieren aprobar los proyectos directamente, nos están haciendo a un lado, señaló.

Estamos en un colapso financiero grandísimo, ellos nos tienen ahogados, se están peleando, dijo, sin dar mayores detalles. Asimismo añadió, es mejor que digan nosotros estructuramos, no queremos que sea Coalianza quien estructure.

Es preciso mencionar que Coalianza, trabaja con un presupuesto de al menos 74 millones anuales. Esto para cubrir planillas y gastos administrativos.

La solución que los empleados plantean es que Sefin desembolse el dinero restante para realizar el cierre operativo de este año.

Sobre la crisis 

Es preciso decir que la crisis financiera que atraviesa Coalianza, salió a la luz pública con protesta que los empleados realizaron el pasado 4 de diciembre. Día en el que los empleados se tomaron las instalaciones como medida de presión para exigir sus derechos.

Antes de la toma de las instalaciones, se desconocía que los empleados tenían ya casi cinco meses sin que se les pagara su salario.

Por su parte la Ministra de Finanzas Rocío Tábora especificó que por ley “no estamos obligados a pagarles nada”. Porque los gastos administrativos deben ser cancelados con los recursos propios que  Coalianza genera con de las concesiones otorgadas.

No obstante, Sefin le prestó a la Coalianza diez millones de lempiras para pago de salarios que deben ser devueltos a la Administración Central, dijo Tabora. 

La funcionaria detalló que la insolvencia estaría relacionada a “dificultades en la colocación de operaciones nuevas, a raíz de las críticas de los procesos y la transparencia que ha habido por diferentes críticas de distintos sectores”.