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sábado, enero 28, 2023

Una “piñata” con varias irregularidades reventó en la OABI

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) presentó un resumen ejecutivo por cuestionamientos a la gestión administrativa, por ende, las nuevas autoridades tuvieron que explicar la condición real de la institución, luego de conocer una “piñata” de irregularidades.

Según se detalló en auditoría forense existen irregularidades, como la violación a los procedimientos utilizados para fines de la adquisición de cualquier bien incautado y que la OABI administra.

En ese sentido, la auditoría se habría realizado a cada una de las Unidades Administrativas de la OABI. Entre ellas está la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados (UBID), Unidad de Ventas (UV) y la Sección de Arrendamientos de Bienes Incautados y Decomisados (SABID). También, está la Unidad de Administración y Gestión Empresarial (UAGE), Unidad de Administración Financiera (UAF), Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos (USARRHH), Secretaría General (SG), Unidad Jurídica (UJ) y Unidad de Infotecnología y Comunicaciones (UIC).

OABI
El titular de la OABI solicita al Gobierno que se liquide.

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Parte del informe reza que con relación a los bienes arrendados o vendidos “prevalece el criterio de favorecer a terceros”, a través de la elaboración de contratos de arrendamiento, “muchos de estos lesivos y perjudiciales a los intereses de la OABI y la Administración pública”.

Asimismo, se usó el previo arrendamiento, subasta o venta directa de los bienes que habrían sido realizados por empresas certificadas, también inscritas en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Sin embargo, la auditoría detalló que observó que muchos de ellos están valorados por debajo del precio del mercado. Además, menciona que en otros casos carecen del avalúo previo como requisito establecido en la ley.

Cuantía morosa

El informe señala que la falta de una adecuada gestión de cobros en los arrendamientos ha generado una alta morosidad, cuyo monto asciende a 125,610,385.79 de lempiras.

Por otra parte, señala el abandono de inmuebles por parte de arrendatarios, que dejaron deudas acumuladas por conceptos de alquiler. De igual manera, por concepto de pago de servicios públicos.

Informe de condiciones de la OABI
El informe refleja que la OABI está en “condiciones deplorables”.

Por otra parte, está enlistada la escasa o ninguna vigilancia sobre los inmuebles ocupados y desocupados. Eso habría generado como consecuencia el saqueo, destrucción y ocupaciones arbitrarias de inmuebles por parte de grupos criminales.

El informe refleja que hubo omisión de procedimientos e incumplimiento de las bases, en la realización de subastas y ventas directas, “con el propósito de favorecer a terceros”.

Corrupción

Según el resumen ejecutivo, todas las acciones u omisiones son causantes de que el ente no obtenga los resultados que se esperan de una sana administración. Por el contrario, esos actos reflejan poca transparencia y el incentivo de la corrupción.

Por otra parte, refieren que también se percibe la existencia de grupos que continúan usufructuando bienes administrados por la OABI. Incluso, señalan que hay algunos subarrendando bienes sin autorización, otros sin pagar la renta correspondiente o pagando rentas que no están acordes a la categoría del bien.

Generalmente, actúan bajo el amparo de contratos que fueron elaborados de manera arbitraria y antojadiza, suscritos en los meses previos a la entrada del nuevo gobierno.

Sobre la administración de artículos de valor, el informe refiere que los procesos de registro, custodia y control “son deficientes”. El aseguramiento y administración de sociedades mercantiles, también es “deficiente”, pues habría causado perjuicio económico, financiero y patrimonial.

Aseguramiento de productos financieros

Respecto al aseguramiento de productos financieros se concluyó que la Unidad de Administración Financiera (UAF) no le habría dado el seguimiento correspondiente a las Actas. En ese sentido, la revisión de expedientes administrativos, relacionados con el aseguramiento de estos productos financieros, observó las siguientes anomalías.

  • Expedientes sin foliar, ni registrados en el sistema SISBIENES.
  •  Incautación de dinero en efectivo no depositado en el sistema financiero.
  •  Incautaciones de dinero en efectivo, depositados en banco, pero no convalidadas con el
    Ministerio Público.
  •  Cuentas bancarias que solo aparecen en el acta de puesta a la orden, pero que no hubo
    respuesta por parte de los bancos a oficios enviados por OABI.
  • Cuentas que las instituciones bancarias reportan como aseguradas, pero que no figuran
    en el acta de puesta a la orden.
  • Incautaciones de cuentas bancarias cuya solicitud de cambio de firma se realizó con
    muchos días, meses o años de retraso, observándose en algunos casos retiros de fondos
    no autorizados.
  • Cuentas canceladas por el banco en fecha posterior al aseguramiento.
  • Diferencias en saldos de cuentas bancarias entre el acta de puesta a la orden y la
    información proporcionada por el banco.
  • Cuentas incautadas que la entidad financiera la tiene como garantía de préstamo
    otorgado al imputado.
  • Falta de seguimiento a oficios enviados a instituciones bancarias, para realizar cambios
    de firma y traslados de fondos, provocando que en algunos casos no se realicen dichos
    cambios y traslados.

Y así sucesivamente se detallan un sinnúmero de cuestionamientos, que según el informe corresponden a las administraciones anteriores de la OABI.

Solicitan liquidación de la OABI

Por su parte, el actual director de la institución, Jorge González, expresó que están solicitando al Gobierno la liquidación de la OABI. Esta petición se da debido al “perjuicio económico de más de mil millones de lempiras por parte de administraciones pasadas”, según la auditoría forense.

González propone que el ente debería pasar por un proceso de liquidación, para crear una estructura con una nueva ley o reforma a la actual normativa. Según agregó, la iniciativa permitiría mejoras en cuanto a eficiencia en las áreas, administrativa y operativa.

“Sugerimos a nuestras autoridades superiores que para que exista una nueva, debe liquidarse la anterior, porque no se puede seguir sobre la base de lo que ha sucedido”, dijo.

Por otro lado, el miembro de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), Juan Carlos Griffin, aseguró que le compete al Poder Ejecutivo analizar si es viable liquidar la OABI, debido a las condiciones en las que se encuentra la institución.

No obstante, Griffin añadió que en caso de que llegue a liquidarse la OABI, la documentación “que sirva para investigaciones por presuntas irregularidades, se decomisa y se resguarda para abrir una investigación y en todo caso presentar requerimientos fiscales”, puntualizó.

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