TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exrector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto, se defendió luego de ser incluido en la lista de 19 personas requeridas por el Ministerio Público (MP) por supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad.
En ese sentido, el exfuncionario de educación explicó en qué se habría invertido la millonaria cantidad (más de L 164 millones) y describió las legalidades que supuestamente lo avalan.
Asimismo, afirmó que se presentará ante la fiscalía, cuando se le cite, para acreditar su versión y la documentación que lo respaldaría.
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Presunta explicación: Deudas pendientes en la UNA
Según relató Escoto, su gobierno en la institución agrícola, se mantuvo bajo las actividades lícitas. Los fondos por los que les acusa el MP, habrían sido destinados al pago de cuantiosas deudas a maestros de las Ciencias Agrícolas.
«Parte de mi primera acción como rector fue cancelar las deudas que la universidad había asumido con apoderados legales, proveedores y profesores», comenzó aclarando directamente.
Seguido, explicó que al principio los trabajadores de la entidad llegan nada más como docentes, mas, con el tiempo, pueden asumir un rol de dirigencia. La aceptación de uno de esos cargos no conlleva la pérdida o aumento de algún derecho laboral, según dijo.
Por tanto, Escoto prosiguió a detallar la situación en la UNA: «La mayoría de los directivos tenían previamente derechos adquiridos por ser empleados de la universidad. Se estableció una lista de los docentes, los niveles educativos, y los valores que fueron cotejados; luego, se procedió a hacer el pago».
Específicamente, los datos que se pagaron, en base con lo que mencionó Escoto, se cotejaron con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Legalidades en las que se ampara
El exsecretario de educación también señaló que el Congreso Nacional, mediante decreto, se mostró favorable al millonario desembolso, que se realizó, supuestamente, en base al arancel del Colegio de Profesionales de Ciencias Agrícolas y el de Ingeniero Agrónomos.
«En los últimos tres años el MP estaba haciendo una investigación en relación al pago a los profesionales de la UNA, que resultó de un decreto del Congreso Nacional y que, cuando yo atendí como rector, era una deuda pendiente», aclaró.
Y amplió: «Como Consejo Directivo Universitario solicitamos los recursos y se logró un acuerdo con el poder ejecutivo. La documentación está de soporte. Tanto la Secretaría de Finanzas como la universidad ampararon el decreto del Congreso».
Según él, los pagos debieron ser abonados previamente, pero «se acumuló», y consecuentemente llegaron demandas contra la universidad, lo que hizo que los saldos negativos ascendieran.
«Era un procedimiento normal de cualquier administración pero no se pagó. Entonces se acumuló por los valores que se dejaron de percibir. No necesitaban hacer más que tomar el decreto y asumir la responsabilidad, pero no lo hicieron. Nosotros resolvimos las deudas», aseguró.
Además, de esos fondos que la fiscalía tilda de irregulares, Escoto afirma que una parte se destinó al pago de un programa de mejoras salariales para el resto de trabajadores.
Llamado previo y listo para atender el requerimiento
Por este caso, ya fue entrevistado anteriormente por un elemento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En base con su declaración, la conversación duró cuatro horas y él dio «todos los elementos particulares de la documentación» que supuestamente avalan sus decisiones como exrector de la UNA.
¿Qué procede para Marlon Escoto, tras el requerimiento fiscal?
«Esperaré la notificación para que se me permita acreditar lo que estoy diciendo con documentación y testimonios suficientes para demostrar que mi labor al frente de la universidad», mencionó.
«Las decisiones eran del Consejo Directivo en pleno, no unilaterales. Por eso el requerimiento se extiende a una lista amplia. Sin embargo, lo que hicimos fue resolverle un problema a la institución de las deudas que acumuló y la gestión para que se aportaran los recursos. Todo está documentado», aseveró.
El doctor Escoto finalizó su participación señalando que la fiscalía asume que hubo un abuso de autoridad, pero no el derecho que tenían los empleados de una mejora salarial.
El Ministerio Público, a través de La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) denunció que hubo manipulación de informes técnicos, y que obvió dictámenes legales para efectuar los pagos entre 2009 y 2011.
