Una justicia arrinconada

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Víctor Manuel Ramos
La denuncia del juez de sentencia Josué Dimas Agüero Echenique otorgada mediante entrevista a un conocido periodista, pone al descubierto la patraña de que el Poder Judicial no es independiente de los otros dos poderes del Estado y que sus jueces no tienen libertad para dictar sentencias en base a las pruebas y a la ley. Lo que ha dicho el juez Agüero Echenique pone el dedo en la llaga y nos demuestra, con claridad meridiana, que la justicia no existe en Honduras y que puede ser comparada con una serpiente que solo muerde a quienes no tienen zapatos, como dijera un alto funcionario de la Embajada norteamericana en Tegucigalpa.

La intervención del presidente Juan Orlando Hernández, quien a través del vicepresidente del Consejo de la Judicatura pretendió tergiversar la justicia al pretender sobornar al Juez Agüero Echenique para que el Tribunal de sentencia que él presidía dictara sentencia condenatoria y encarcelamiento en contra del periodista Romero Ellner, a cambio de un aumento del salario, con la advertencia de que no se preocupara por los otros miembros del tribunal porque ellos, los jueces de letras, cumplen órdenes. Decía que esta intromisión del Ejecutivo en la administración de la justicia pone en precario la validez de este poder del Estado.

Tales aseveraciones que ponen en evidencia al Consejo de la Judicatura a través de su vicepresidente y al Poder Ejecutivo a través del presidente de la República simplemente vienen a ratificar lo que siempre se ha dicho, que en Honduras no hay justicia y que los jueces, con la aclaración de que los hay dignos e investidos, per se, de una auténtica autoridad, son simples mandaderos de los poderes fácticos que mantienen al país a la deriva y sometido a una miseria indignante.

Ahora resulta razonable la aprehensión que tuvieron los manifestantes que se enteraron de las intenciones de los que actuaban, presuntamente, como mandaderos del Vicepresidente de la Judicatura y del Presidente Hernández y por eso no tuvieron empacho en armarse de valor y rescatar al acusado de las garras de la justicia prostituida que puso al descubierto el juez Agüero Echenique.

La Corte Suprema de Justicia, de cuyo seno había surgido ya-firmada por algunos de sus miembros- una denuncia similar en la que se advertía de la intromisión exógena en la independencia de los jueces y magistrados-, ha aclarado que todo juicio que se desarrolle contaminado por actos de coacción es nulo, sin que además tenga que enfatizar que ningún hondureño debe obediencia a cualquier funcionario que violente la ley. Y, precisamente, el tribunal de sentencia se disponía a emitir una sentencia y una pena que era el producto de la intromisión del Presidente Hernández y del Vicepresidente de la Judicatura.

Esta reacción del Supremo Tribunal es justa y certera y la misma debió presentarse en los jueces a quienes el mismo vicepresidente de la Judicatura calificó como mandaderos, sometidos a los designios arbitrarios del Ejecutivo. Se han llamado al silencio, lo que, por conclusión evidente, hace suponer que se encuentran acorralados y amenazados de perder su puesto, que desempeñan en contracorriente con lo que las leyes disponen.

De esto se desprende que quienes vociferan e insinúan que hay que apresar y castigar a quienes rescataron a Romero Ellner de las garras de un tribunal sometido a presiones para actuar en contra de la dignidad y la justicia no han cometido un delito. Por el contrario, creo que la hondureñidad consciente, la hondureñidad empeñada en poner fin a la corrupción y a la impunidad, debe aplaudir porque tal evento, atroz para los defensores del statu quo, no solo demostró la firmeza del pueblo hondureño en su lucha en contra de los corruptos que nos gobiernan sino que también está dispuesta a todo con el fin de hacer efectivas sus aspiraciones de una Comisión Internacional contra la Corrupción y de ver desfilar hacia los tribunales, y luego hacia las bartolinas, a quienes se apropiaron de los dineros del pueblo y llevaron al descalabro al IHSS que causó miles de muertes por falta de recursos para atender las demandas de los hondureños enfermos.

No faltan las lloronas que ven en este acto heroico del pueblo una perturbación grave al Estado de derecho, a pesar que ñlo actuado pone más en precariedad la quita esencia del derecho mismo violado por testaferros y jueces sometidos.