Tegucigalpa, Honduras.- «No responde a intereses político», fue la respuesta de la Unidad Fiscal Especialista contra Redes de Corrupción (Uferco) ante los señalamientos del Partido Nacional.
Y es que la corriente política de la estrella solitaria emitió un comunicado mediante sus redes sociales, donde aseguraron que el Partido Libertad y Refundación (Libre) utilizaba como instrumento «propio» a la Uferco. Mismo que la Junta Directiva anunció el fortalecimiento para que tomara las riendas del Ministerio Público.
«La incapacidad de generar dialogo y consensos, así como su radicalismo de izquierda, lleva
al Partido Libre a utilizar como instrumento propio a la UFERCO, para tratar de intimidar a
la oposición que se niega a votar por el candidato del gobierno al Ministerio Público», indica el escrito.
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Asimismo, el partido de oposición señaló que un diputado oficialista estaba dando órdenes a la UFERCO para proceder contra los congresistas nacionalistas.
«El titular de la UFERCO, Luis Santos, anunció la reactivación de casos ya juzgados, contra diputados del Partido Nacional y contra dos expresidentes de Honduras, que son nacionalistas», señala el escrito.
Respuesta de UFERCO
La Uferco, por su parte, indicó que la persecución del delito es en representación de los intereses de la sociedad hondureña, e hizo referencia la caso Pandora II, donde se acusó al expresidente Porfirio «Pepe» Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
«La persecución del delito en cualquiera de sus manifestaciones, deber ineludible que ejerce en representación de los intereses generales de la sociedad, con absoluta independencia, libre de toda injerencia política y sometido únicamente al imperio de la ley», detalla el documento.
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Seguidamente, el comunicado apunta que se creó la UFERCO para investigar la corrupción y las redes. Esto con expedientes asignados por la Dirección General de Fiscalía (DGF).
Se «descarta los cuestionamientos en torno a que las investigaciones y causas que promueve la UFERCO responden a intereses político partidarios o de grupos particulares. Es evidente y no se puede desconocer que la disconformidad manifiesta de personas o funcionarios que han sido acusados en casos emblemáticos de corrupción», concluye.
