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lunes, julio 4, 2022

UFERCO presenta requerimiento contra red de corrupción en el CN

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un requerimiento fiscal en contra de una supuesta red de corrupción en el Congreso Nacional.

En esta se involucra un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y cinco particulares.

Se trata del diputado Alberto Chedrani Castañeda, y los exparlamentarios José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.

A ellos se les tiene una investigación desde el 2013-2017, se les vincula con operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional.

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La UFERCO los acusa por fraude y lavado de activos; en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.

De igual manera, la UFERCO involucra a Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO).

A estos se les acusa de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos

Además, se acusa a Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahún Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, de recibir y cambiar cheques a su nombre.

Los mencionados señalados por encubrimiento por receptación agravado y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos. El requerimiento fiscal es debido a la red de corrupción que se basa en irregularidades en la ejecución de proyectos.

Detalles de la investigación 

La UFERCO aseguró que, los acusados se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en Francisco Morazán, Cortés y Copán.

A través de esas ONG’s, solo ejecutaron un cinco por ciento de los proyectos, para los cuales, se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.

Asimismo, indicó que los cinco congresistas se valieron de su cargo para drenar recursos estatales. Por su parte, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos.

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Los exparlamentarios desviaron fondos estatales.
Los exparlamentarios desviaron fondos estatales.

Estos desviaron recursos del Estado del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Además, determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil.

En ese sentido, los directivos de la ONG’s captaron el dinero de los proyectos y lo retornaron a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.

Ante esto, la UFERCO determinó que Chedrani Castañeda percibió 19 depósitos que sumaron más de L2.9 millones y Ramos Soto fue beneficiado de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.


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