TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un antejuicio en contra de un juez por suponerlo responsable del delito de prevaricato en perjuicio de la administración de justicia.
Mediante un comunicado, el ente especificó que la acción es en contra de Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, togado en el área civil en Francisco Morazán.
En el pasado, la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue antejuiciada por el delito de prevaricato judicial continuado. En ambos casos, los hechos están relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
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Durante el 2009 se condenó al Estado hondureño a pagar más de 51 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras, durante el juicio entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Del mismo modo, la acción se replicó en septiembre del 2022. Tras una determinación, se ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) por casi tres mil millones de lempiras.
Perjuicio económico
La togada Irisabel Lucía Miranda Hernández resolvió la primera demanda interpuesta. Luego, trece años después, el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio ejecutó el proceso. En total suma un perjuicio económico al Estado de más de 157 millones de dólares, equivalente a más de tres mil 500 millones de lempiras.
Debido a esto, la UFERCO pide se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra del juez señalado. El togado forma parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones. Entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
Otro de los involucrados es César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, sobreseído el año anterior en aplicación al decreto 04-2022 conocido como Ley de Amnistía.