Redacción. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos Cruz, anunció que tomarán acciones correspondientes en contra de los sobreseimientos dictados ayer jueves en el caso Pandora II.
Las advertencias de Santos se dan tras un desacuerdo con el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, acusado por fraude y violación de los funcionarios, y otros funcionarios, como el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo del Bienestar Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; el exdirector de presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Roberto Alonzo Suazo; todos imputados en el mismo caso.
En el caso de los ciudadanos Lilia Bográn y Wilfredo Cerrato se dictó Auto de Formal procesamiento por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y sobreseimiento provisional en el delito de Fraude. pic.twitter.com/9IAACW0oly
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 1, 2024
«Respetamos la resolución dictada por el juez designado, pero no la compartimos. Consideramos que se acreditaron los presupuestos necesarios para dictar auto de formal procesamiento contra todos los imputados», afirmó Santos en su cuenta de X.
Por lo tanto, como parte de su deber, presentarán los recursos que correspondan para impugnar la decisión del juez.
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En la misma audiencia y por la misma causa se dictó auto de formal procesamiento al exgerente administrativo de Sefin, James Aldana.
Por su parte, al exministro y la exgerente de Sefin, Wilfredo cerrato y Lilia Bográn, se les dictó auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Sin embargo, se le dio sobreseimiento definitivo por fraude.
Caso Pandora II
El caso Pandora II se presentó ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de octubre del 2023.
De acuerdo con la investigación de la Uferco, los acusados conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción. Según señaló, participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras.
