TEGUCIGALPA, HONDURAS- Supuestas irregularidades contenidas en un informe presentó en las últimas horas ante los juzgados anticorrupción de Tegucigalpa, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic).
Ante ello, la UFECIC solicitó por ahora mantener en secretividad los nombres de los implicados. Se conoció que los requerimientos estarían ligados a irregularidades en el otorgamiento de contratos.
La UFECIC imputa a imputados el delito de lavado de activos en vinculación con el grupo de narcotráfico “Los Cachiros”.
La solicitud de secretividad intenta evitar la fuga de información ya que aún no se han emitido órdenes de captura.
Asimismo, trascendió que los contratos a Los Cachiros se otorgaron durante administraciones anteriores. Específicamente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la antes llamada Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), hoy INSEP.
Fuentes de los juzgados aseguraron que la documentación se entregó a los juzgados anticorrupción y no ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Explicaron que esta decisión se tomó debido a que los implicados ya no ocupan cargos públicos.
Esta tarde fiscales de la UFECIC volvieron apersonarse a los juzgados anticorrupción de Tegucigalpa; esto luego de subsanar la información presentada la noche del miércoles anterior.
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Sépalo
El pasado mes de abril un juez penal de la Audiencia Inicial del Despacho Judicial, decretó,
por medio de un autojudicial para procesar con la medida cautelar, prisión preventiva para tres presuntos testaferros del Cartel de «Los Cachiros».
Se presume que los procesados, Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez, Roberto Arturo Mejía Salgado, esposos e hijo respectivamente, son familiares de miembros del Cartel del narcotráfico de «Los Cachiros».
A ellos se les responsabiliza de lavado de activos y asociación ilícita en perjuicio de la economía del Estado.
Cabe destacar que los supuestos responsables no logran justificar los activos a su nombre. Por esa razón no les otorgaron medidas cautelares contrarias a la prisión preventiva.
Según fuentes del Ministerio Público, existen testimonios y documentos que prueban los delitos que les imputan.
Según los agentes de la ATIC que investigaron el caso, los inculpados tenían nexos con esa estructura criminal.
