Redacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto con el objetivo de reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes en las elecciones federales.
La medida ha generado controversia, ya que críticos aseguran que podría excluir a ciudadanos de bajos recursos o personas mayores que no cuentan con documentos de ciudadanía como pasaportes o certificados de nacimiento.
La propuesta de Trump busca que los estados, además del formulario de registro de votantes federal, acepten documentos que demuestren la ciudadanía de quienes se registran.
Lea también: Trump restringe acceso a información clasificada a sus adversarios políticos
Actualmente, la Corte Suprema obliga a los estados a aceptar el formulario genérico de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), que no requiere pruebas adicionales de ciudadanía.
Evaluación
La nueva orden también instruye a la EAC para añadir este requisito y retener fondos federales a aquellos estados que no lo implementen.
Por su parte, el presidente de la EAC, Donald Palmer, comentó que la comisión evaluará el decreto y consultará con funcionarios electorales, estatales y locales sobre los próximos pasos.
Además, el decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esta tiene la misión de revisar los registros electorales y detectar posibles extranjeros en las listas. El proceso será entregado a las autoridades estatales para su gestión.
Resistencia
Sin embargo, defensores de los derechos de voto expresaron preocupación por la fiabilidad de las bases de datos del DHS, temiendo que se eliminen ciudadanos naturalizados de los registros sin las salvaguardias necesarias.
El decreto, que busca garantizar la integridad electoral, podría generar cambios sustanciales en el sistema electoral de Estados Unidos.
De igual interés: Trump revoca parole humanitario a más de 500 mil migrantes
Los opositores argumentan que las modificaciones dificultarán el acceso al voto de ciudadanos legítimos, especialmente en comunidades vulnerables.
Aunque el impacto del decreto no será inmediato, se espera que enfrente desafíos legales, lo que podría retrasar su implementación.
