Redacción. El Gobierno de Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) solicitando que se levante el bloqueo temporal emitido recientemente que prohíbe las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador.
El recurso fue firmado por el procurador general de EE. UU., John Sauer, y busca permitir que se reanuden los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, además de que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.
La disputa legal comenzó luego de que, en respuesta a un recurso de emergencia presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Corte Suprema interviniera poco después de la medianoche del viernes.
Por su parte, la ACLU argumentó que las expulsiones violaban el derecho de los migrantes a contar con un «tiempo razonable» para defender sus casos antes de que los deportaran.
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Asimismo, destacó la urgencia del caso, pues el Gobierno Trump planeaba ejecutar las expulsiones de manera inminente desde un centro de detención en Texas.
Ley anti migrante
El Gobierno, por su parte, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que le otorga autoridad para deportar a individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Sobre este caso, Trump justifica las expulsiones alegando que los migrantes venezolanos forman parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno de EE. UU. catalogó como «terrorista».
Esta aplicación de una ley histórica, que generalmente se utiliza en tiempos de guerra, ha generado una fuerte reacción crítica tanto en la oposición demócrata como entre expertos jurídicos, quienes señalan que podría tratarse de un abuso de poder.
También argumenta que la demanda de emergencia de la ACLU fue “prematura” al no pasar por los tribunales de menor instancia, un procedimiento que consideran necesario antes de llevar el caso a la Corte Suprema.
Este recurso continúa siendo parte de una batalla legal más amplia sobre las políticas migratorias de la administración Trump, que podrían tener implicaciones importantes para los derechos de los migrantes y el debido proceso en Estados Unidos.