Redacción. La decisión del presidente Donald Trump de movilizar marines en activo en las calles de Los Ángeles ha provocado una oleada de críticas, preocupación ciudadana y una batalla legal sin precedentes.
El despliegue, que forma parte de una operación para frenar las protestas contra las redadas migratorias, ha puesto en debate los límites del poder presidencial y el uso del Ejército en asuntos civiles.
Este viernes, los primeros marines comenzaron a patrullar zonas federales de la ciudad, en un operativo que, según el gobierno federal, busca “proteger infraestructuras estratégicas” mientras persisten manifestaciones contra la política migratoria de Trump.
Los uniformados, armados con fusiles, fueron desplegados en los alrededores del Edificio Federal Wilshire, ubicado a kilómetros del centro de las protestas.
El contingente desplegado incluye 700 marines y 4,000 efectivos de la Guardia Nacional, quienes actuarán en coordinación con la policía local.
La medida responde al clima de tensión generado por las redadas en comunidades migrantes, que han derivado en bloqueos, protestas pacíficas y denuncias de abuso de autoridad.
Caos en Los Angeles
La acción ha generado una batalla legal inmediata. El juez federal Charles Breyer dictaminó el pasado jueves 12 de junio que Trump no puede activar la Guardia Nacional en California sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, calificando el despliegue como “ilegal” y argumentando que las protestas no representan una rebelión.
Sin embargo, la decisión fue suspendida horas más tarde por un tribunal de apelaciones, que permitirá que el despliegue continúe hasta una nueva audiencia programada para el martes.
El Departamento de Justicia sostiene que el presidente actuó dentro de sus competencias como comandante en jefe.
La controversia crece mientras Trump se prepara para asistir a un desfile militar en Washington este sábado, con motivo del 250 aniversario del Ejército de EE. UU., una ceremonia que coincidirá con su cumpleaños número 79.
Esta operación, la oposición califica el acto como una “puesta en escena militarista” para desviar la atención de la crisis migratoria.
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Organizaciones civiles han alertado sobre el peligro de militarizar el control ciudadano. También han exigido que se respeten los derechos de protesta y las garantías constitucionales, especialmente en un contexto tan delicado para las comunidades migrantes.
