REDACCIÓN. La Administración Trump planea multar a los migrantes bajo órdenes de deportación con hasta 998 dólares al día si no abandonan Estados Unidos y confiscar sus propiedades si no pagan, según documentos revisados por la agencia Reuters.
Las multas se derivan de una ley de 1996 que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La Administración Trump planea aplicar las sanciones de forma retroactiva durante un máximo de cinco años, lo que podría resultar en multas de más de un millón de dólares, dijo un alto funcionario de Trump, que solicitó el anonimato para discutir planes no públicos.
La Administración Trump también está considerando confiscar las propiedades de los inmigrantes que no paguen las multas, según correos electrónicos del gobierno revisados por Reuters.
En respuesta a preguntas de Reuters, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los inmigrantes en Estados Unidos ilegalmente deberían usar una aplicación móvil antes conocida como CBP One -rebautizada como CBP Home bajo Trump- para «autodeportarse y salir del país ahora».
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«Si no lo hacen, se enfrentarán a las consecuencias», dijo McLaughlin. «Esto incluye una multa de 998 dólares por día por cada día que el extranjero ilegal sobrepasó su orden de deportación final».
El DHS advirtió sobre las multas en una publicación en las redes sociales el 31 de marzo.
Los correos electrónicos revisados por Reuters muestran que la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) para que gestione la cuestión de las multas, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos.
La división de confiscación de activos civiles del Departamento de Justicia podría ser otra opción para las incautaciones, dijo un correo electrónico.
El presidente, Donald Trump, puso en marcha una amplia ofensiva contra la inmigración tras asumir el cargo en enero. Ha puesto a prueba los límites de la ley estadounidense para aumentar las detenciones y deportaciones. Las multas planeadas apuntan a los aproximadamente 1.4 millones de migrantes que han sido expulsados por orden de un juez de inmigración.
