Redacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado lunes un decreto presidencial para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración.
La orden ejecutiva instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las localidades, conocidas como «ciudades santuario», que «obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración».
Una vez el gobierno identifique estas jurisdicciones, el presidente republicano instruyó a los dos departamentos a tomar las acciones legales «necesarias» en su contra, entre ellas, congelar los fondos federales que las ciudades «santuario» reciban.
En el decreto, firmado en la Oficina Oval, el presidente acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una «insurrección ilegal».
Las medidas de los gobiernos «santuario» han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
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Acuerdos
Junto con el decreto en contra de las ciudades «santuario», Trump firmó otra orden ejecutiva para recrudecer su política antiinmigrante.
La segunda va enfocada a las fuerzas del orden público. Piden dar apoyo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta. También relajar las restricciones que existan a sus acciones, al igual, que dotarlos de equipos y armamento militar.
El Gobierno Trump ha estado firmando cada vez más acuerdos entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para dar a los agentes de policía a lo largo del país la capacidad de arrestar a migrantes. En total, se han firmado más de 456 acuerdos de este tipo, según datos de ICE.
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