Redacción. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado a 17 presuntos pandilleros a El Salvador, la segunda transferencia de este tipo en dos semanas.
El mandatario estadounidense avanza con su plan de enviar migrantes a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de la creciente preocupación sobre si puede hacerlo legalmente.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este lunes que un avión militar trasladó a los presuntos pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13 a El Salvador el domingo por la noche, en lo que describió como una “operación antiterrorista”.
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Los detenidos, vinculados a las pandillas Tren de Aragua y MS-13, habían estado bajo custodia en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo. Estas declaraciones las brindó un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la operación.
Controversia
El funcionario de la Casa Blanca indicó que los migrantes enviados a El Salvador el domingo presentaban cargos pendientes que incluían posesión de drogas, robo, abuso sexual infantil y asesinato.
El centro de detención ha generado controversia debido a su estatus legal y a las condiciones en las que permanecen los detenidos.
Por otro lado, la deportación se llevó a cabo bajo la ley federal de inmigración de Estados Unidos, no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta última fue suspendida por un tribunal de apelaciones mientras se resuelve una disputa legal sobre su aplicación en tiempos de guerra.
El envío de migrantes a El Salvador ha generado una creciente preocupación entre los defensores de los derechos humanos. Critican que los deportados no tienen acceso a un proceso legal adecuado en Estados Unidos ni en El Salvador. Asimismo, manifestaron que aumenta el riesgo de abusos como torturas o encarcelamientos indefinidos en el país centroamericano.
Recurrente
Este traslado ocurre pocas semanas después de que, el 15 de marzo, tres aviones con 261 migrantes, en su mayoría venezolanos y salvadoreños, fueran enviados a El Salvador. Asimismo, se informó que a pesar de una orden judicial que suspendía esos vuelos, la administración Trump procedió con la deportación.
Los familiares de varios de los deportados han negado que sus seres queridos pertenezcan a pandillas, y el gobierno de Estados Unidos ha admitido que muchos de los migrantes no tienen antecedentes penales en el país.
La política deportación del gobierno de Donald Trump recibió críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Numerosas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de los procedimientos y advirtieron sobre los riesgos que enfrentaban los deportados al regresar a sus países de origen.
A pesar de estas críticas, el gobierno intensificó sus esfuerzos para enviar migrantes a la cárcel de El Salvador. Sin embargo, estas medidas generaron incertidumbre tanto en el ámbito legal como en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.
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