Redacción. El Gobierno de Donald Trump anunció que congeló 2.200 millones de dólares en fondos a la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. Esto ocurre después de que esta se negara a cumplir con sus exigencias para «acabar» con el antisemitismo en el campus.
Harvard, como otros centros educativos en Estados Unidos (EE.UU), ha sido escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza. Se trata de un tema en el punto de mira de la Casa Blanca desde que Donald Trump volvió al poder en enero.
«El acoso a estudiantes judíos es intolerable»
Como consecuencia, a finales de marzo, el Gobierno estadounidense había señalado estar considerando privar a la universidad de unos 9.000 millones de dólares en subvenciones federales. Las autoridades la acusan de permitir que floreciera el antisemitismo en su campus.
A principios de abril, envió una serie de exigencias a la dirección de la universidad. Entre ellas el fin de las políticas destinadas a promover la diversidad y cambios en los programas que «alimentan el acoso antisemita», según una carta publicada por el Washington Post.
Este lunes, el Departamento de Educación expresó finalmente en un comunicado que «el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones durante varios años», así como «contratos plurianuales por valor de 60 millones de dólares». «La interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable. El acoso a estudiantes judíos es intolerable», completó.
Harvard «no renunciará a su independencia»
La prestigiosa universidad había hecho pública más temprano una carta dirigida a estudiantes y personal en la que desafiaba un largo listado de peticiones de la administración Trump sobre cambios en su gestión, prácticas de contratación y política de admisiones.
En ese texto, el rector Alan Garber dijo que la institución «no renunciará a su independencia ni a los derechos que le garantiza la Constitución». «Ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debe dictar a las universidades privadas lo que pueden enseñar, a quién pueden reclutar y contratar, o qué temas pueden investigar», añadió refiriéndose a la exigencia de la administración Trump de que Harvard «auditara» las opiniones de estudiantes y profesores.
Sobre este tema, la institución ya había respondido en otra misiva firmada por sus abogados que «no está dispuesta a aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legítima de esta o cualquier otra administración».
En su opinión, las peticiones de Trump «contradicen la primera enmienda» e «infringen las libertades académicas garantizadas desde hace tiempo por la Corte Suprema». La primera enmienda de la Constitución estadounidense garantiza las libertades fundamentales, en particular la de expresión.
«La declaración de Harvard de hoy refuerza la preocupante mentalidad que es endémica en las universidades y facultades más prestigiosas de nuestra nación: que la inversión federal no viene con la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles», respondió la Casa Blanca.
Polémica
Las subvenciones federales suponen el 11% de los ingresos de Harvard, sobre un presupuesto anual de 6.400 millones de dólares. Esto recabado de datos publicados por esa universidad privada situada cerca de Boston, en el noreste del país.
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Columbia cuenta con un nuevo servicio de seguridad
El Gobierno ya ha cortado por razones similares 400 millones de dólares en contribuciones a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Esta a diferencia de Harvard se ha comprometido a llevar a cabo reformas drásticas para tratar de recuperar esos fondos.
La institución neoyorquina afirmó estar dispuesta a revisar por completo su gestión de las protestas estudiantiles. Asimismo, busca formalizar una definición de antisemitismo; y reformar sus departamentos de estudios sobre Oriente Medio, el sur de Asia y África, que la administración Trump intentó poner “bajo supervisión académica”.
Columbia también anunció que creará un nuevo servicio de seguridad, contratando a «36 agentes especiales» que podrán arrestar personas o expulsarlas del campus cuando se considere «apropiado».
La universidad se ha convertido, desde hace más de un año, en el epicentro académico de las manifestaciones en apoyo a Palestina. Esta medida ha generado preocupación entre estudiantes y defensores de los derechos civiles.
Varios estudiantes que se han manifestado durante las protestas propalestinas, y que son titulares de visados o de «tarjetas verdes», han sido detenidos recientemente en Estados Unidos. Algunos de los jóvenes enfrentan procesos de deportación. Otros en cambio, han sido puestos bajo vigilancia migratoria.
