TEGUCIGALPA, HONDURAS. El tribunal de sentencia de la Corte Suprema de Justicia decidió cambiar de jurisdicción el caso contra Edwin Espinal y Rául Álvarez, acusado de la quema en el Marriot durante las protestas de la crisis política de 2017.
El caso ya no lo conocerán los órganos jurisdiccionales con competencia nacional mismos que conocen delitos de criminalidad organizada; ahora pasará a jurisdicción ordinaria.
«El tribunal de sentencia nos da la razón y dice que este no es un caso de criminalidad organizada», manifestó Edy Tábora, uno de los abogados defensores.
El también especialista en Derechos Humanos, explicó que ellos solicitaron la medida al inicio de proceso legal. Pues, argumentó, el delito de sus defendidos no es materia de los órganos encargados de la criminalidad. «Cuando se llevan casos de personas que son acusadas por manifestaciones, por el ejercicio de la protesta social, aunque hayan daños a la propiedad privada, no le corresponde a estos», argumentó Tábora.
Espinal y Álvarez continúan privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, el abogado defensor manifestó que pedirán revisión de medidas para que puedan defenderse en libertad.
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¿Qué procede?
El especialista en derecho detalló que «se va a cuestionar la nulidad del proceso; lo conoció en toda la primera etapa un juez que no era competente y eso vulnera un derecho fundamental». En ese sentido, denunció que a sus defendidos no se les respetó el derecho al debido proceso porque debió conocerlo un juez natural.
En ese sentido, ellos deberán Volver. Esto, desde la presentación del requerimiento fiscal donde se les acusa. Es decir, «volver a repetir las audiencias y esto es muy importante porque el juez no hizo una valoración objetiva de las pruebas», pormenorizó Tábora.
Además, manifestó que no hay responsabilidad de Eduin Espinal y Raúl Álvarez. «Por eso están considerados como presos políticos. Porque realizaron una construcción de un proceso con una finalidad puramente política», señala el defensor.
Por otra parte, evidencia que «el juez cometió un delito de abuso de autoridad al conocer un caso que no es su competencia». Sin embargo, tendrá que ser el Ministerio Público (MP) quien proceda legalmente.
