Redacción. Un tribunal federal de comercio en Estados Unidos frenó la implementación de los llamados aranceles del “Día de la Liberación”, una medida impulsada por el expresidente Donald Trump.
El dictamen fue emitido por el Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, el cual concluyó que Trump excedió sus facultades al intentar imponer tarifas amplias sobre importaciones procedentes de países con superávit comercial frente a Estados Unidos.
El panel, conformado por tres jueces, argumentó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para regular el comercio exterior.
Revés judicial
Esta competencia no puede ser sustituida, ni siquiera, mediante los poderes extraordinarios del Ejecutivo, incluso cuando se alega la necesidad de proteger la economía nacional. Este fallo representa el primer revés judicial significativo contra los aranceles impuestos por Trump.
La decisión se dio tras una demanda presentada por el Liberty Justice Center en representación de cinco pequeñas empresas afectadas por las medidas.
Estos y otros demandantes cuestionan desde hace tiempo la legalidad de los decretos emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
Sostienen que dicha ley no autoriza la imposición de aranceles. También alegan que los déficits comerciales —motivo invocado por Trump— no constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” que justifique declarar una emergencia nacional.
Emergencia por déficit comercial
Trump había argumentado que los déficits comerciales eran emergencias por sí mismas. En esa lógica, consideraba legítimo actuar sin necesidad de aprobación del Congreso, imponiendo aranceles generalizados que, durante su aplicación, alteraron temporalmente el comportamiento de los mercados globales.
No obstante, el tribunal rechazó esa interpretación. El fallo marca un precedente al limitar el alcance del poder presidencial en el ámbito comercial.
El déficit comercial estadounidense, que lleva casi cinco décadas siendo constante, fue uno de los principales fundamentos de Trump para adoptar estas medidas. Pero el tribunal cuestionó si esa situación puede en realidad considerarse una emergencia nacional en el marco de la IEEPA.
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El 2 de abril, Trump anunció la imposición de aranceles amplios a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, estableciendo un tipo base del 10 %. También impuso tasas más elevadas a productos procedentes de China y la Unión Europea.
Posteriormente, suspendió parte de esos aranceles. La intención era abrir espacio a negociaciones bilaterales con gobiernos y bloques comerciales.
Demandas por tarifas
Trump utilizó nuevamente la IEEPA como base legal para justificar su decisión, alegando que los déficits y las amenazas del narcotráfico desde México ameritaban acciones inmediatas como los aranceles.
Actualmente, se han interpuesto al menos siete demandas contra estas tarifas, consideradas un pilar en la estrategia comercial del expresidente.
Se prevé que el gobierno republicano apele la resolución del tribunal, en un intento por validar las acciones presidenciales.
La administración Trump ha sostenido que el uso de aranceles fue respaldado por los tribunales cuando el presidente Richard Nixon implementó medidas similares en 1971. También defiende que únicamente el Congreso, y no el poder judicial, debe decidir si una emergencia declarada por el presidente cumple con los requisitos legales.
Los aranceles impulsados por Trump generaron gran incertidumbre en los mercados financieros internacionales. También llevaron a diversos economistas a reducir las proyecciones de crecimiento económico para Estados Unidos.
Pese al revuelo, los aranceles parecen haber tenido poco efecto en el desempeño general de la economía estadounidense hasta el momento.
Por su parte, una docena de estados —con Oregón a la cabeza— también presentaron demandas. “Esta sentencia reafirma que nuestras leyes importan, y que las decisiones comerciales no pueden estar sujetas a los caprichos de un presidente”, declaró el fiscal general Dan Rayfield.
