Redacción. Uno de los acontecimientos más destacados para el Triángulo Norte, región que comprende Honduras, Guatemala y El Salvador, comenzó con tropiezos a mediados de febrero. Esto ocurrió cuando un tribunal de Nueva York decidió posponer el juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
El proceso judicial contra Juan Orlando Hernández dio inicio a finales de febrero. Por primera vez desde 1992, cuando se juzgó al dictador panameño Manuel Noriega por narcotráfico, la justicia estadounidense llevaba al banquillo a un expresidente en ejercicio de un país.
Al final, el 8 de marzo, el juez Kevin Castel leyó el veredicto de culpabilidad al que habían llegado doce jurados tras dos semanas de juicio. A Hernández, de 55 años entonces, lo condenaron a pasar los próximos 45 años en la cárcel.
Familia presidencial
El gobierno de Xiomara Castro, la sucesora de Hernández, está en su etapa final. Hay señalamientos de vínculos entre la familia de la presidenta y los mismos narcotraficantes con los que Juan Orlando Hernández se coludió. Las acusaciones han sido desmentidas por diferentes funcionarios.
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Guatemala
Bernardo Arévalo, el catedrático que había sido elegido presidente del país en agosto de 2023, asumió en enero de este año tras un largo periodo de transición marcado por ataques de grupos económicos y políticos que veían en su ascenso una amenaza y por intentos de la fiscal general.
El triunfo del socialdemócrata Arévalo en las presidenciales del año anterior rompió con una seguidilla de gobiernos conservadores marcados por la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
Estados Unidos señaló a Alejandro Giammattei, antecesor de Arévalo, como un funcionario corrupto. Sin embargo, Consuelo Porras, la fiscal general confirmada en el cargo por el expresidente en 2022, bloqueó las investigaciones contra él y sus allegados, incluido Miguel Martínez, un colaborador cercano.
Porras, además, emprendió durante la era Giammattei una persecución a gran escala contra dos de sus antecesoras, contra fiscales y abogados que habían investigado complejos esquemas de corrupción, y persiguió también a periodistas que denunciaron esas redes.
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El Salvador
Bukele juró como presidente de El Salvador por segunda vez el 1 de junio de 2024. En febrero había ganado las presidenciales por amplios márgenes. Días después, en la legislativa, la ínfima oposición que aún existía en el país quedó, en la práctica, aniquilada. Ya entrado su segundo mandato, el joven presidente mantiene índices de popularidad nunca vistos en el país.
Desde el extranjero, el presidente recibe palmadas en la espalda por sus éxitos en seguridad pública, marcados por la drástica reducción en los índices de homicidios y el desmontaje de las pandillas MS13 y Barrio 18.
La pobreza en el país centroamericano, sin embargo, ha aumentado. Indicadores recogidos por el Banco Mundial muestran, por ejemplo, que la pobreza extrema se duplicó durante el primer periodo de Bukele y que uno de cada 3 salvadoreños vive en la pobreza.
Enfrente, además, el país tiene un programa de ajuste que vendrá tras un acuerdo por una línea crediticia de USD1.4 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. Para finales de 2024, el gobierno de Bukele había despedido a entre 3,000 y 5,000 empleados públicos según denuncias de sindicatos y ONG.
