Redacción. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida de detención judicial en contra de tres elementos de la Policía Nacional acusados de la comisión de los delitos de hurto de vehículo y secuestro.
Fue precisamente la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), del Ministerio Público, la que presentó la acusación formal contra los uniformados, quienes estaban asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Los sospechosos son:
- Nery Otoniel Hernández Rico, subcomisario de Policía.
- Pedro Antonio Maradiaga Antúnez, agente policial.
- Mario Enrique Suárez Pavón, agente policial.
Durante la audiencia de declaración de imputados, que se desarrolló en los juzgados de San Pedro Sula, Cortés, la fiscalía indicó que a los tres se les considera responsables de los delitos de secuestro y hurto de vehículo en perjuicio de un ciudadano.
Asimismo, en el caso de Nery Otoniel y Mario Enrique, se les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio del mismo afectado.
El juez determinó que deben permanecer privados de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán. La audiencia inicial fue fijada para el próximo jueves 3 de abril a las 9:30 de la mañana.
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Captura y caso
A los tres policías se les capturó el pasado viernes 28 de marzo en el eje carretero CA-13, exactamente a la altura de San Francisco, Atlántida. La operación fue ejecutada por elementos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Sobre los tres sospechosos pesaba una orden de captura emitida en los juzgados sampedranos desde el 25 de marzo del presente año. Al momento de su detención les decomisaron tres celulares, los que serán analizados para ampliar las investigaciones.
De acuerdo con las indagaciones de la UNAS-DPI, el 9 de enero de 2025, la víctima salió desde Trujillo, Colón, con destino a San Pedro Sula. Iba a bordo de su pick-up a realizar diligencias de su actividad comercial como vendedor de artesanías.
Sin embargo, de un momento a otro, se desplazó desde La Ceiba con rumbo a La Másica, Atlántida. Fue allí donde una patrulla lo rebasó y le hizo señal de parada. Cuando se detuvo, un agente le solicitó sus documentos y, al emitir el reporte, lo vincularon como distribuidor de drogas.
También lo privaron de su libertad, le robaron el automotor y le dijeron que «por las buenas o por las malas, lo llevarían a una casa de seguridad».
Separación de policías por cometer delitos
A inicios de 2025, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que en los últimos años más de 3,000 agentes de la Policía Nacional se separaron de la institución debido a la comisión de varias faltas administrativas.
Indicó que a 300 de ellos se les expulsó por la comisión de delitos penales y se les puso a la orden de los tribunales de la república. No obstante, la cifra ha ido aumentando con los meses, ya que se registran más detenciones y judicialización de uniformados.
«Los procesos de depuración y cancelación están vigentes. Hemos cancelado 3,000, donde 2,700 tienen que ver con procesos netamente administrativos; entiéndase faltas. Pero a unos 300 se les ha capturado por la comisión de delitos ilícitos penales, y no es en cumplimiento del deber, sino que valiéndose del uniforme han cometido algunas fechorías», acotó Sánchez.
