Redacción. Tres hondureños fueron condenados en Texas, Estados Unidos, por participar en un esquema de fraude vehicular que consistía en manipular el Número de Identificación del Vehículo (VIN, por sus siglas en inglés), lo que les permitió lucrarse vendiendo automóviles robados como si fueran carros reconstruidos.
Un tribunal federal resolvió el caso y el juez de Distrito, Sean D. Jordan, dictó sentencia contra los implicados.
Gustavo Adolfo Torres-Sadres, de 38 años, recibió la pena más severa: 78 meses de prisión federal. Paul Anthony Oliva Bejarano, de 28 años, fue sentenciado a 18 meses, mientras que Julián Sánchez, de 38 años y residente en Duncanville, Texas, recibió 21 meses de prisión.
El fraude giraba en torno a la manipulación del VIN, un código único que identifica legalmente a cada automóvil.
Según documentos presentados ante la corte, los acusados robaban vehículos en el área de Dallas y reemplazaban sus números de identificación por los de autos previamente siniestrados, es decir, vehículos que habían sufrido accidentes graves y estaban fuera de circulación. Luego los vendían como autos legalmente reconstruidos.
Para ocultar la procedencia ilícita, utilizaban un ardid conocido como “esquema de cambio de VIN”, ofreciendo a compradores desprevenidos unidades que aparentaban ser legítimas y restauradas.
La manipulación de registros despertó sospechas entre las autoridades policiales, lo que derivó en una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
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Acusación
“La evidencia fue tan contundente que los implicados no tuvieron más remedio que admitir su culpabilidad”, informó el fiscal federal interino Jay R. Combs, quien lideró la acusación. Torres-Sadres y Sánchez se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que Bejarano aceptó cargos por conspiración, reflejo de su rol en la estructura delictiva.
El VIN, eje del engaño, terminó siendo también la clave para desenmascarar la red. Gracias a la trazabilidad de estos códigos, los investigadores identificaron un patrón que conectaba los robos con las ventas fraudulentas, lo que condujo finalmente a la detención y condena de los tres acusados.
Este caso marca un precedente importante en el combate al fraude automotriz en EE. UU., dejando claro que alterar la identidad legal de un vehículo no es simplemente una infracción administrativa, sino un delito federal con consecuencias severas.
Para Torres-Sadres, Bejarano y Sánchez, la ilusión de operar con impunidad se desmoronó ante la justicia. Hoy enfrentan las consecuencias de haber intentado lucrar a costa de la legalidad y la confianza pública.
Las autoridades reiteraron su compromiso en perseguir este tipo de crímenes. Advirtieron que la manipulación de documentos y registros vehiculares constituye una grave amenaza para la seguridad del mercado automotriz y para los ciudadanos que, de buena fe, adquieren vehículos aparentemente legales.
